Después de concluir una investigación interna, la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, destituyó al jefe de Consultoría de esa entidad, Saúl Oliva, quien habría accionado para archivar la denuncia de nulidad del contrato de usufructo con Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) planteada en 2013 por diputados de Encuentro por Guatemala, cuando fungía como encargado de la Unidad de lo Contencioso-Administrativo.
Tal información la brindó la funcionaria, en reunión con integrantes del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, y añadió que en la demanda por nulidad del usufructo, que se interpondrá la próxima semana, se solicitará la intervención de TCQ, así como la recuperación de unos US $200 millones ( Q1 mil 526 millones) a favor del Estado.
A la citación también acudió Susan Marston, representante de la empresa Maersk, nueva propietaria de TCQ, a quien el congresista Orlando Blanco cuestionó sobre la reunión que sostuvo con el presidente Jimmy Morales.
La empresaria indicó que en la junta manifestó al mandatario su preocupación por el proceso que se está efectuando contra el usufructo y que analizarán las medidas a tomar, al respecto.
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