Juan Everardo Chuc Xum
Experto titular Grupo de
Trabajo –Dadin- OEA
En el territorio Abya Yala o continente americano, las brechas de desigualdad social son muy reveladoras afectando especialmente a los indígenas a pesar de su riqueza ancestral y su lucha continua por el buen vivir, asimismo normas legales nacionales e internacionales favorables como la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (Dadin) aprobada en 2016 por la OEA.
La Dadin es instrumento de buena fe de los Estados miembros para asegurar los derechos en la práctica.
En el sitio web de Latinoamérica indígena del Grupo Banco Mundial nos ilustra la desigualdad así: “La pobreza afecta al 43 por ciento de la población indígena en la región, cifra que supera más del doble la proporción de personas no indígenas en la misma situación. Además, un 24 por ciento de todos los individuos indígenas viven en condiciones de pobreza extrema, una proporción que es 2.7 veces mayor que la de las personas no indígenas en esa misma condición.
Esta desigualdad se agrava, ya que el simple hecho de nacer de padres indígenas incrementa significativamente la probabilidad de crecer en un hogar empobrecido, lo que contribuye así a un círculo de pobreza que obstaculiza el pleno desarrollo de los niños indígenas”.
Ante esta realidad en Abya Yala, es tiempo de que los Estados/gobiernos no sigan excluyendo a los 55 millones de indígenas de la inversión pública y sus beneficios, en la toma de decisiones políticas, económicas, culturales y sociales, entre otros; en respeto y promoción de sus derechos individuales y colectivos que los asiste y que los Estados miembros lo ratificaran en la Dadin; convenio legítimo que debe cumplirse.
Un mejor futuro del continente implica acabar con el racismo, la exclusión, el paternalismo, la expropiación de tierras y la explotación de sus recursos naturales sin consentimiento indígena.
La Dadin es instrumento de buena fe de los Estados miembros para asegurar los derechos en la práctica, pero en la I reunión interamericana sobre la implementación de dicho instrumento realizada en La Antigua Guatemala, en marzo del 2023, se concluyó que no hay avances en los compromisos de los Estados.
