Una de las propuestas para reducir la criminalidad en el país y minimizar la participación de niños y adolescentes en hechos delictivos fue entregada por el diputado Juan Ramón Lau, quien busca que los menores en conflicto con la Ley sean castigados como adultos, y expresó: “Queremos reformar el artículo 261 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA), para que sean juzgados por su peligrosidad”.
Otro aporte
En la misma línea, su colega Marcos Fernando Yax propone modificaciones a ocho artículos de la referida Ley, y agrega uno que define delitos de grave impacto social; entre ellos la extorsión, homicidio, secuestro, violación, asesinato, narcotráfico y terrorismo.
Yax asegura que con estas reformas pretenden doblar los castigos existentes, para que los adolescentes de entre 15 y 18 años cumplan 12 años de privación de libertad máximo por cada delito, mientras que los de entre 13 y 15 tengan castigos de 4.
Otro en entregar una propuesta fue el excandidato presidencial Alejandro Giammattei, quien acudió al Congreso de la República para proponer que se modifique el Código Penal y se cree el delito de terrorismo de orden público, con el fin de declarar como terroristas a los mareros.
Durante una reunión con la Comisión de Seguridad Nacional, Giammattei aseguró que este nuevo ilícito se le imputaría a quienes pretendan frenar los servicios públicos con hechos delictivos (como ataques contra la Policía Nacional Civil o a pilotos de autobuses). Las objeciones al endurecimiento de las sanciones y otras medidas no se han hecho esperar.
Contraste
“Endurecer las penas es efectista. No habrá ni menos ni más delitos, porque las propuestas no logran interpretar la naturaleza real del problema”, dijo la legisladora Alejandra Carrillo, quien ha trabajado impulsando una iniciativa que dispone aprobar una ley para el desarrollo de las juventudes.
Para Nineth Montenegro, en el incremento de las penas para los adolescentes se deben tener en cuenta los convenios internacionales. Y comentó: “Al adolescente que infringe la Ley se le debe dar una segunda oportunidad”.
José Moreno, viceministro de Calidad Educativa, afirmó que una de las respuestas está en la enseñanza. “El valor terapéutico y sustantivo de la formación, que no es solo tener escuela, sino oportunidades para el desarrollo, podría ayudar a resolver el problema”.
