Paula Cornejo
Escuela de Psicología
En Septiembre de 2017, Chile promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se trata de un compromiso del Estado y de la sociedad para “promover, proteger y asegurar” la igualdad en derechos y libertades de los adultos mayores, favoreciendo la “inclusión, integración y participación” social.
Al leer la lista de 27 derechos declarados y clasificarlos por ejemplo, según la pirámide de necesidades de Maslow, se evidencia que en aquellos que corresponden a aspectos básicos como el derecho a la salud, a una vivienda, a una vida digna, segura y sin violencia, tenemos una deuda social que crece exponencialmente.
Pareciera que entre los adultos mayores existe la desoladora creencia de que la sociedad, el Estado, los servicios públicos y sus funcionarios consideramos innecesaria la asignación de recursos para mejorar su bienestar y calidad de vida porque “somos viejos y nos vamos a morir”. Esto revela el maltrato cultural del que están siendo objeto, que se encuentra invisibilizado o resignado ante otras tantas necesidades sociales y la falta de una gestión eficiente de los recursos disponibles.
Para qué hablar de las necesidades de afiliación, reconocimiento y autorrealización, siguiendo con Maslow. Muchas veces creemos que “el viejo” no puede tomar decisiones por sí mismo; o si las toma, no son las más adecuadas. También nos negamos frente a la posibilidad de que tengan una vida sexual satisfactoria… heterosexual. Ni mencionar la homosexualidad.
Esta infantilización de los adultos mayores implica una vulneración en sus derechos, restándoles grados de libertad y relegándoles a un lugar de desprecio solapado. En un contexto social que no reconoce ni valora el rol del viejo, que atropella su dignidad, que segrega y estigmatiza, se hace comprensible el aumento de la tasa de suicidios.
Si bien recae sobre el Estado y el gobierno la responsabilidad de resguardar el cumplimiento de estos derechos -especialmente de aquellos que aseguren las condiciones mínimas de bienestar físico, psicológico y social-, cada uno de nosotros está llamado a reflexionar acerca de nuestras actitudes, nuestro comportamiento, sobre nuestro lenguaje, sobre nuestros prejuicios… Reflexionar sobre nuestros modos de relación con las personas mayores para hacernos más conscientes y adoptar un actuar ético que disminuya la posibilidad de daño y vulneración.
Por último, toda proclamación de derechos implica deberes. En este sentido, las personas mayores tienen el deber de abogar por ellos. En España las manifestaciones de los “pensionados” son cada vez más frecuentes, conscientes de que las movilizaciones son el medio más efectivo para promover cambios sociales y políticos. Esperemos, más temprano que tarde, ver a las adultos mayores manifestándose en nuestras calles.
