Uno de los servicios que históricamente ha limitado la participación de las personas con discapacidad es lo relativo al transporte público de pasajeros. Un sistema que carece de unidades accesibles para usuarios de silla de ruedas, muletas y andadores, más ahora que se han implementado buses tipo transurbano.
Son unidades que generan mayor seguridad a la ciudadanía, pero limitan la movilidad de este colectivo por los dispositivos que se les colocan. Resultado de una movilización de personas ciegas en la década de los 70, los transportistas del servicio urbano adoptaron la iniciativa de no cobrar pasaje a las personas con discapacidad. Muchos operadores les ayudaban a subir y descender de los buses, lo que significó en su momento un valioso apoyo. Pero al ir creciendo la ciudad, más las consecuencias del corre corre, fue desapareciendo tan positiva actitud.
Diversos sectores de población empezaron a manifestar su inconformidad por la forma en que se venía prestando el servicio en los últimos años, por lo que la Municipalidad de la ciudad de Guatemala implementó el Transmetro. Una modalidad que supera por mucho las dificultades del servicio convencional, además procuró condiciones para el acceso de personas con discapacidad con medidas que se han venido mejorando gradualmente.
En los últimos meses se dio la noticia que este servicio extenderá una tarjeta para los usuarios con discapacidad, para garantizar su movilidad y reafirmar la gratuidad del servicio. Acción regulada en 2010 mediante acuerdo municipal y que abarca el Transurbano, pero a la fecha aún no ha sido adoptada, no obstante que uno de los compromisos asumidos por los operadores de dicho servicio era la implementación de unidades accesibles y la gratuidad del pasaje.
Esta medida también fue ofrecida por la Municipalidad de Mixco cuando implementó el Transurbano en varias de sus zonas, pero todavía deben realizarse algunas acciones, ya que las unidades accesibles aún no han sido puestas en marcha, por lo que es urgente revisar esta disposición, a fin de incluir las condiciones que requieren las personas con discapacidad para su movilización. Un tema donde las autoridades han generado las directrices, pero corresponde a las empresas adoptar para cumplir dichas medidas.
