Saulo De León Durán

Superintendente de Bancos

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Retomando las ideas que veníamos desarrollando en nuestra columna el mes anterior, el sistema financiero regulado está constituido en la actualidad por casi 100 entidades: entre otras, 28 aseguradoras, 18 bancos, 14 almacenadoras, 11 sociedades financieras y 8 casas de bolsa, para mencionar las más numerosas, cada una de las cuales desempeña un rol, una responsabilidad de acuerdo con su naturaleza y las funciones que le corresponden. 

Me complace subrayar también que se sumaron recientemente al sistema financiero formal del país un nuevo banco, el cual inició operaciones en enero del presente año, así como la primera entidad microfinanciera que comenzó a operar en diciembre de 2022. 

Es así como el sistema financiero, constituido por los intermediarios financieros y operando en diversos mercados financieros, tiene la tarea primordial de canalizar los recursos desde los sectores que tienen un superávit financiero (mayores ingresos que gastos) hacia los sectores que tienen un déficit, es decir, necesidad de fondos (por ejemplo, para desarrollar un proyecto empresarial o, en el caso de los hogares, adquirir un vehículo o una casa).

La Junta Monetaria, entre otros, emite la normativa que es aplicada a los bancos.

Al realizar esa actividad de movilizar recursos el sistema financiero coadyuva, por un lado, a reducir los costos de información y transacción en la economía y, por el otro, a diversificar y gestionar los riesgos inherentes a la actividad productiva. De esa forma el sistema financiero contribuye a hacer más eficiente la economía, a mejorar la distribución de los recursos económicos siempre escasos, y a promover el
crecimiento del país.

Por supuesto, una parte esencial del sistema financiero, tal como está organizado en Guatemala, la constituyen los entes reguladores: el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Ambas instituciones integran el sistema de banca central del país y operan bajo la dirección de la Junta Monetaria. Dicha Junta, que como indicábamos en nuestra columna anterior, es el ente colegiado integrado por representantes de diferentes sectores, que es presidido por el también presidente del Banco de Guatemala. El Superintendente de Bancos constituye un asesor permanente en sus sesiones. 

La Junta Monetaria, que ejerce sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad según reza el Artículo 27 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, realiza la doble función de, por una parte, determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, incluyendo las metas programadas, tomando en cuenta el entorno económico, y por otra, velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional.

Asimismo, reglamenta lo relativo al encaje bancario y depósito legal; reglamenta la cámara de compensación bancaria u otros mecanismos de pago; y autoriza la política de inversiones de las reservas monetarias internacionales del país.

Colaborador DCA

Gaspar Jenkins

Profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional, Facultad de Derecho

En consecuencia, no sería posible calificar como un acierto o un error sin más que un texto constitucional titule como “Poder Judicial” el capítulo dedicado a regular las bases de la función jurisdiccional, o pretenda con ello denominar al conjunto de órganos a los que se entrega dicha labor.

Sin ir más lejos, en nuestra propia historia constitucional podremos apreciar que se han utilizado las denominaciones “Autoridad Judicial” (Título V del proyecto de Constitución provisoria de 1818) o “Administración de Justicia” (Capítulo VIII de la Constitución Política de 1833) para hacer referencia a dicho apartado del texto, mientras que durante el seno de la discusión de la Constitución vigente el comisionado Jaime Guzmán propondría denominar al actual Capítulo VI como “Tribunales de Justicia” para, con ello, hacer mención a los órganos de relevancia suprema, como bien se realizó con los Capítulos VI (“Gobierno” en vez de “Poder Ejecutivo”) y V (“Congreso Nacional” en vez de “Poder Legislativo”). 

Algo similar es posible apreciar en constituciones vigentes de otros países que optan por utilizar nomenclaturas diferentes, siendo las más emblemáticas las constituciones de Italia (que utiliza las expresiones “magistraturas” y “régimen jurisdiccional”), de Francia (“autoridad judicial”) y de Portugal (“tribunales”). Lo anterior adquiere relevancia frente a las declaraciones de algunos comisionados (“expertos”) del proceso que se inicia, que han destacado la supuesta necesidad de mantener la denominación “Poder Judicial”, puesto que, con ello, se haría referencia a la importancia de la labor.

Algo similar es posible apreciar en constituciones vigentes.

Sin perjuicio del sentido simbólico de la expresión (y de su uso coloquial), cabe mencionar que lo verdaderamente importante no será el nombre que se dé al conjunto de órganos encargados de ejercer la función jurisdiccional, sino la forma en que se resguarda su autonomía y se establezcan sus consecuenciales responsabilidades y limitaciones razonables.

De esta forma, es necesario que la nueva propuesta de texto constitucional garantice la autonomía funcional de aquellos a los que se les confiere el ejercicio de la función judicial, tanto respecto de los demás órganos estatales (esto es, la denominada “independencia externa” que, actualmente, se puede apreciar en el inciso segundo del Artículo 76 de la Constitución Política), como respecto de los demás jueces (“independencia interna”), especialmente de aquellos jerárquicamente “superiores”, para así evitar intromisiones o influencias indebidas en la aplicación del Derecho. 

Sin duda alguna, será este último aspecto en donde existirán mayores desafíos (de hecho, siquiera es reconocida expresamente esta faz de la independencia judicial en el texto constitucional actual), debido a la existencia de un sistema de nombramiento y un régimen disciplinario con fuerte incidencia de los tribunales superiores de justicia, dependiendo la carrera de un juez de la calificación y la apreciación que tienen sobre él ministros de cortes de Apelaciones o de la propia Corte Suprema. 

                           Continuará…

Universidad del Desarrollo

Amy Zepeda

SEAL asociado a Servicios Integrados a la Exportación Agexport

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El mundo comienza lentamente a dejar atrás los embates generados por la crisis sanitaria del Covid-19. La pandemia, evidentemente, ocasionó serios inconvenientes e interrupciones en el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales globales. Es más, una de las zonas más afectadas por esta contingencia fue América Latina y el Caribe.

Proyecciones entregadas por distintos organismos, como el informe sobre la Situación y Perspectivas de la Economía Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que indica al respecto que la economía mundial crecerá 1.9 por ciento en 2023 y se elevará moderadamente en 2.7 por ciento en 2024. En América Central, las autoridades del Banco Central de Guatemala (BCG), aseguraron que esperan tener durante el 2023 un ligero crecimiento en el consumo interno y estabilidad en las exportaciones, pese a la desaceleración económica mundial por los conflictos internacionales, la escasez de materia prima y múltiples interrupciones en cadenas de suministro producidas por las todavía presentes congestiones portuarias en algunos terminales.

En el caso de confirmarse lo proyectado por el BCG, la nación podría registrar durante el presente año un PIB que rondará en los US $75 mil millones. Este registro marcaría un leve aumento económico. Es más, el ente había comentado hace algunas semanas que, la última vez que la tasa de crecimiento de Guatemala cayó fue en 2020, cuando el PIB registró un margen negativo de 1.8 puntos porcentuales.

El 2022, Guatemala logró algo que para muchos fue catalogado como ”impresionante“.

No debemos olvidar que en 2022 Guatemala logró algo que para muchos fue catalogado como “impresionante”; fue la única nación de toda América Latina que tuvo una perspectiva positiva en su calificación regional, lo que refleja un desempeño fiscal y económico mucho mejor de lo esperado al inicio de la pandemia del Covid-19. Para muchos expertos, el país mostró resiliencia y datos positivos de crecimiento fiscal, motivo por el cual el panorama es propicio para la calificación que obtuvo este año.

Por otra parte, el aumento en la producción de los sectores de agroindustria, construcción y turismo son mencionados como industrias claves para reactivar la economía durante el 2023. Es más, el Banco Interamericano y Desarrollo (BID) corroboró esta tendencia, al manifestar que estas tres actividades económicas podrían ser las que logren impulsar al resto de la producción. Incluso, se habla de un 20 por ciento más que el promedio de los otros sectores de la economía local.

Guatemala trabaja fuerte para crecer económicamente. Lograr sus objetivos dependerá de si sabe aprovechar una serie de oportunidades que posibilitan abrir nuevos mercados, ejecutando políticas públicas enfocadas a generar capacitación de recursos humanos, potenciar las pequeñas y medianas empresas y fomentar la inversión nacional y extranjera, incorporando siempre a todos los sectores económicos del país.

Colaborador DCA