La defensa de Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, encarcelada desde el 13 de agosto por supuesto financiamiento electoral no registrado en el caso denominado Corrupción Semilla, denunció arbitrariedad en el proceso judicial durante la audiencia de anticipo de pruebas celebrada ayer en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, presidido por el juez Fredy Orellana.
Asimismo, el juzgador previamente había rechazado la petición del abogado de Hernández, Juan José Zaghi, de conceder medidas sustitutivas.
Por ello, Zaghi manifestó su preocupación por “un manejo injusto por parte de Orellana”, pues la diligencia “se realizó con un notable sesgo”, lo que afecta el derecho a una defensa justa.
El proceso está bajo reserva, y solo se permitió el ingreso a Leonor Morales, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a Hernández y a su defensor.
El equipo legal de la funcionaria también presentó un incidente de cuestión de competencia por declinatoria, por tratarse de un delito “menos grave”, que debería trasladarse a un Juzgado de Paz Penal. No obstante, el juez Orellana aún mantiene la competencia.
Desde su cuenta de X, Hernández expresó: “El llamado por libertad se fortalece con la voz de los guatemaltecos que se enfrentaron contra el monstruo corrupto que nos roba la paz”.
