De campañas de desinformación y algo más

Carlos Morales Monzón

Periodista y Profesor Universitario

Desde su asunción, el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera ha sido objeto de múltiples acusaciones infundadas que buscan desacreditar su labor y desestabilizar un proyecto político que trabaja por el bienestar del pueblo guatemalteco. Estas calumnias, impulsadas por grupos de interés que se benefician de la corrupción y la cooptación del Estado, están diseñadas para frenar el avance de una administración que ha comprometido su gestión con la transparencia y la lucha contra la impunidad.

Desde que asumieron el poder, Arévalo y Herrera han enfrentado una resistencia feroz por parte de sectores que ven en su gobierno una amenaza a sus prácticas corruptas. Estos grupos, que han operado en la sombra durante años, han utilizado su influencia para sembrar desconfianza en la administración actual. A través de campañas de desinformación, han cuestionado la integridad de diversos funcionarios y han fabricado narrativas incapaces de sustentarse en la realidad.

La labor periodística, en este contexto, debe ser guiada por la ética y la responsabilidad, priorizando la verdad.

Estos intentos de desestabilización no son sino el último recurso de individuos y colectivos que han vivido a expensas del erario. En este sentido, es crucial entender que las acusaciones no son meras críticas, sino maniobras estratégicas para preservar privilegios y evitar el escrutinio.

Uno de los puntos álgidos de estas acusaciones se centra en la supuesta falta de avances en la justicia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es importante recordar que los cambios estructurales suelen requerir tiempo y determinación. Arévalo y Herrera han iniciado procesos de reforma en múltiples áreas, pero su camino no ha sido fácil. La resistencia de quienes han dominado el sistema durante décadas es fuerte, y sus intentos de recuperar el control incluyen tácticas como la excarcelación de corruptos que enfrentan procesos judiciales. Este fenómeno denuncia aún más la urgencia de un sistema judicial autónomo que actúe sin presiones externas.

Un aspecto notable de esta lucha es el papel de los medios de comunicación. Muchos se han convertido en vehículos de desinformación, amplificando las voces de quienes buscan deslegitimar la lucha contra la corrupción. Actitudes como estas socavan la confianza pública y distorsionan la percepción de los esfuerzos del Gobierno por reconstruir el tejido social y político del país. La labor periodística, en este contexto, debe ser guiada por la ética y la responsabilidad, priorizando la verdad y dejando de lado las agendas ocultas.

En conclusión, el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera enfrenta un entorno adverso marcado por la resistencia de grupos que han cooptado el Estado y que están decididos a truncar los avances hacia un futuro más justo y transparente. Las acusaciones en su contra son parte de una estrategia para desestabilizar a un gobierno que, contrario a lo que difunde la oposición, trabaja arduamente por el bienestar de la ciudadanía. Para avanzar, es esencial que la población apoye la lucha contra la corrupción y exija un Estado al servicio de todos, rechazando las manipulaciones de quienes temen perder su poder e impunidad.