En los pasillos del Congreso, la historia vuelve a repetirse: la iniciativa 5504, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, un proyecto con dictamen desde 2018, no avanzó a su tercer debate en el segundo período ordinario.
Afuera, la urgencia no espera. La obesidad, diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles aumentan. La propuesta busca que la gente entienda lo que come.
La normativa plantea sellos claros y visibles con advertencias que indiquen niveles de azúcar, sodio, grasas trans y edulcorantes, entre otras. Que sean sencillas, directas y comprensibles para todos.
Cada producto sería evaluado y, de acuerdo con su composición, tendría una o varias estampillas. A mayor número, así el porcentaje que las empresas deberían aportar al Ministerio de Salud.
Los fondos irían a: promoción de hábitos saludables, prevención de enfermedades crónicas, apoyo al tratamiento de estas y monitoreo del cumplimiento de la ley, que prohíbe que los productos con cuatro advertencias o más utilicen publicidad dirigida a niños (personajes animados, concursos o juguetes coleccionables).
En centros educativos, obligaría a integrar la educación nutricional en el currículo y a controlar la oferta en tiendas escolares.
El sector empresarial se opone. Asegura que esto elevaría los costos de producción, precios y ventas, e incluso dañaría la economía familiar. En otros países, los cambios impulsan mejores decisiones de compra y reducen los gastos médicos a largo plazo.
Según la cartera de Salud, 29 % de adolescentes tiene sobrepeso y 8.4 %, obesidad. Los adultos, 28 % vive con obesidad y 34 %, con sobrepeso. El 20 % de bebés menores de seis meses tiene sobrepeso. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el costo económico es de unos US $900 millones anuales solo por diabetes.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de estimaciones de entidades internacionales, resaltó que en Guatemala el 63.2 % de la población sufre de estos dos males.












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