Emilio Reynoso
Veteranos del Ejército y expatrulleros civiles han reiterado su exigencia de ampliar y establecer una compensación económica que asciende a poco más de 15 millardos de quetzales.
Ante el requerimiento, el analista económico Mynor Cabrera señaló que “fiscalmente, es algo irresponsable ofrecer este tipo de cuestiones”.
Guatemala, agregó, tiene un presupuesto bastante limitado. “Existen temas más importantes como educación, salud y carreteras. En vez de estar invirtiendo de forma clientelar esos recursos, es mejor que se apunte al desarrollo de las comunidades”, comentó.
“Es un mal uso de los fondos y es una cifra exagerada. El país no está para dedicar este dinero a áreas que no son prioritarias”, afirmó.
Además, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), por medio de un comunicado del 2 de julio pasado, acuerpó la recomendación de no aprobar la ampliación para exmilitares.
“El Icefi fundamenta su recomendación en el hecho de que, tanto la versión original de la iniciativa de ley como la versión dictaminada, carecen del debido respaldo técnico, y de las opiniones o análisis de las entidades de Gobierno involucradas”, señaló.
Advirtió que los gastos se han realizado con recursos de caja, con ingresos corrientes, principalmente impuestos, y con deuda pública.
“A criterio del Icefi, estas cantidades debieron y deben orientarse a programas de gasto social y de inversión pública de mayor prioridad y legitimidad, y cuya ejecución sea más transparente”, precisó el instituto.
Las solicitudes
Exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) exigen la aprobación de una compensación económica de 36 mil quetzales por tres años, contenida en la iniciativa 6566, que compensaría a 350 mil afiliados.
Por su parte, los veteranos militares piden una ampliación de dos años a la compensación descrita en el Programa de Desarrollo Integral, que otorga 1 mil quetzales al mes para 104 mil excombatientes.
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