La convocatoria emitida por el Consejo Superior Universitario (CSU), de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para elegir a un magistrado titular y un suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) enfrenta un creciente rechazo, varias acciones jurídicas y una denuncia penal.
Al menos cuatro amparos han sido presentados contra el proceso, bajo el argumento de que la actual integración del CSU carece de legitimidad.
Uno de los recursos fue planteado ante una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el abogado Alejandro Moisés Xiloj Vicente, quien solicita que los integrantes del ente, con períodos vencidos, se abstengan de participar tanto en esta elección como en la del próximo rector. El profesional sostiene que antes deben renovarse las autoridades universitarias.
Xiloj Vicente también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, lo cual señala posibles delitos de prolongación de funciones y asociación ilícita.
En tanto, el abogado Erick Castillo promovió un recurso ante la CC para suspender la convocatoria y relevar a los consejeros del ente universitario con cargos vencidos.
A estas acciones se suman recursos interpuestos por el diputado David Illescas y el abogado Javier Monterroso.
Organizaciones como Alianza por las Reformas advierten ilegalidades, falta de transparencia y un proceso acelerado. Las resoluciones judiciales podrían definir si la elección, prevista para el 16 de febrero, queda suspendida.
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