La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner compareció hoy ante un juez por supuesta discrecionalidad en la concesión de obras públicas durante su gobierno (2007-2015), en una causa que atribuye a una persecución política.
Fernández es la primera de una lista de 17 personas citadas a declarar por el juez federal Julián Ercolini, que investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner arrestado bajo acusación de enriquecimiento ilícito.
La exmandataria denunció que la causa se inscribe en una persecución política y reclamó una auditoría de toda la obra pública, según publicó en redes sociales.
“Queremos que se investigue a fondo y sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en la obra pública durante los 12 años y medio de nuestro gobierno”, sostuvo.
La exfuncionaria pidió que la investigación no esté sesgada al análisis de una determinada administración, sino que se investigue también lo que hace la del presidente de centroderecha Mauricio Macri, que la sucedió en diciembre.
Por su lado, Macri abogó por que nunca más las obras (públicas) sean sinónimo de corrupción, como vemos con la cantidad de causas abiertas.
“Queremos saber qué pasó. Todos queremos que no haya más impunidad”, dijo este lunes durante un acto por inauguración de obras en Buenos Aires.
Acusación
Según la acusación de los fiscales, tanto Fernández como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, conformaban junto a otros exfuncionarios una organización criminal para favorecer a Báez, quien devolvía los supuestos favores mediante el alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz (sur).
En tanto, la sindicada denunció que el juez Claudio Bonadio, que la investiga en otra causa por operaciones cambiarias del Banco Central durante su gobierno, impulsa un allanamiento de su casa en Río Gallegos (Santa Cruz) mientras esté declarando.
“Sería una coordinación inédita entre jueces con causas distintas. Se están pasando de listos, no hay garantías de debido proceso y defensa en juicio”, afirmó el abogado de la exgobernante, Gregorio Dalbón.
Con información de AFP.
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