La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó ayer a deliberar sobre el plan de alivio migratorio que propuso el presidente Barack Obama, tema crucial de la campaña presidencial para proteger de la deportación a la mitad de los 11 millones de indocumentados.
Si los ocho magistrados no llegan a una decisión, prevista para finales de junio, el bloqueo del plan en otras cortes quedaría vigente: un duro revés para Obama, que intentaría seguir impulsando la situación de los indocumentados hasta el fin de su mandato.
Al son de los mariachis, centenares de manifestantes, principalmente latinos, se congregaron afuera del edificio, bajo un ardiente sol y fuerte presencia policial.
El presidente del alto tribunal, John Roberts, y el juez Anthony Kennedy, dos conservadores cuyos votos son críticos en el caso, chocaron repetidas veces con el representante del gobierno de Obama durante la audiencia, extendida a 90 minutos por lo contencioso del asunto.
Lo que está en discusión es un conjunto de medidas ejecutivas que el jefe de la Casa Blanca firmó a finales de 2014, cuando las probabilidades de que una prometida reforma migratoria fuera aprobada por la oposición republicana en el Congreso se reducían a cero. Pero 26 estados, casi todos de mayoría republicana, se negaron a implementar las medidas, y un tribunal de apelaciones las bloqueó.
Uno de los decretos protege de la deportación a personas que viven en el país desde 2010, sin prontuarios criminales, y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Otro decreto amplía un programa que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad.
Los cuatro magistrados de tendencia liberal parecían defender el plan de Obama y recordaron acciones similares de sus predecesores.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró la confianza del Gobierno en su argumento. Pero los detractores del Presidente lo acusan de haber excedido sus atribuciones, una opinión que pareció ser correspondida por los jueces conservadores.
Detalle
En las afueras del edificio de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se concentraron inmigrantes para apoyar las medidas ejecutivas de alivio migratorio que implementó el presidente Barack Obama.
En el interior del inmueble, el juez John Roberts admitió la posibilidad de Texas de disputar los decretos, y destacó la existencia de un dilema, pues ese estado del sur podría ser objeto de una demanda del gobierno federal si se negara a tramitar esas licencias.
Sonia Sotomayor, la primera magistrada de origen latino en la Corte Suprema, observó que si Texas es autorizado a demandar al Ejecutivo sobre la inmigración, ello abriría la puerta a los demás estados para desafiar un sinfín de normas sobre diferentes aspectos.
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