El Tribunal Constitucional de Perú ordenó ayer suspender de inmediato las investigaciones abiertas contra la presidenta, Dina Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.
El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso (Parlamento) indebidamente o impedir elecciones.
Actualmente, Boluarte enfrenta numerosas averiguaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos 59 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.
Regalos de lujo
La mandataria, en su último año de mandato, es la gobernante más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 por ciento de aceptación según varias encuestas, se encuentra también investigada por el caso Rolexgate por haber recibido presuntamente sobornos en forma de regalos de lujo.
Además, Boluarte enfrenta indagaciones por no haber informado de forma pública que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas y supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.
También es investigada por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido de corte marxista Perú Libre con el que Boluarte fue elegida vicepresidenta dentro de la candidatura presidencial de Castillo. Cerrón se encuentra fugado y el automóvil presidencial fue captado cerca de una residencia donde se sospecha que estuvo el
prófugo político.
Investigaciones quedan congeladas
De acuerdo con esta sentencia del Tribunal Constitucional, todos los expedientes fiscales deben quedar congelados hasta que Boluarte termine su mandato el próximo 28 de julio de 2026 y ceda el sillón presidencial al ganador o la ganadora de las elecciones que se celebrarán en la primera mitad del próximo año.
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