La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la resolución del juez Fredy Orellana, en la que ordena a la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Congreso de la República declarar la nulidad absoluta de la inscripción del Movimiento Semilla, medida que abría las puertas a un golpe de Estado.
También advirtió al juzgador abstenerse de resolver en torno a temas electorales, y reafirmó la validez de los resultados de los comicios celebrados en 2023, donde se eligió a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de la nación, respectivamente.
La decisión fue anunciada por la máxima corte constitucional luego de que el Pleno de magistrados declaró con lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución presentada por los abogados Gregorio José Saavedra y Edgar Ortiz.
La sentencia fue emitida “tras considerar que las decisiones y acciones reprochadas al juez constituyen actos que amenazan los derechos a elegir y ser electo, a la democracia, a la soberanía popular y al sistema democrático y republicano consagrado en la Constitución”, señaló la CC por medio de un comunicado de prensa.
En él, además indicó, que “en aras de salvaguardar el orden constitucional y el Estado de derecho, se llegó a la decisión asumida. Con el fin de mantener y preservar la justicia y paz en el proceso electoral, velando por la alternabilidad en el ejercicio del poder, el orden constitucional y régimen democrático”.
Asimismo, informó que “advirtió al juez para que en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones constitucionales o legales; en especial, aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado; ello, si se toma en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son
inalterables”.
En este contexto, el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro del antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera (lea: MP acciona contra gobernantes).
MP acciona contra gobernantes
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y vicepresidenta Karin Herrera.
La acción busca “que se declare la formación de causa para investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, relacionado con la crisis penitenciaria del 12 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II”, indicó el ente encargado de la persecución penal.
Con esta acción legal suman ocho peticiones en el mismo sentido planteadas contra el mandatario Arévalo, por el MP y otras personas.
“La denuncia presentada es política, ilegítima y espuria. Carece de sustento lógico y jurídico. Esto se hará valer en su momento y mediante los mecanismos correspondientes”, aseguró Herrera.
Prevaricato y proceso
Poco tiempo después de que trascendió la sentencia de la CC, se pronunció el Gobierno y señaló que las resoluciones del togado son contrarias a la ley, y pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomar cartas en el asunto, a lo que esta respondió que se inició el proceso para la posible remoción del togado (lea: En marcha mecanismo de destitución).
“El fallo confirma lo que hemos venido señalando: las actuaciones del juez Orellana son abiertamente prevaricadoras y antidemocráticas”, se indicó a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP).
Además, destacó que “esta resolución de la CC evidencia las graves faltas en las que este ha incurrido, las cuales deberán ser evaluadas por CSJ”.
El Ejecutivo comentó que cada día que pasa, la fiscal general Consuelo Porras y el juzgador se quedan más solos en sus intentos por atentar contra la institucionalidad nacional.
“El pueblo ya los conoce. Sus acciones, orientadas a desconocer la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas, no son más que maniobras desesperadas de quienes saben que se les acaba el tiempo”, remarcó.
Luego, enfatizó: “El fallo ratifica nuestra posición, estos actores corruptos continúan amenazando la democracia y el peso de la ley debe caer sobre ellos”.
El gobernante guatemalteco afirmó que “los resultados electorales, democracia y voluntad soberana del pueblo no se tocan. Aunque a la fiscal Consuelo Porras, a Orellana y a sus demás conspiradores les cueste entenderlo, más temprano que tarde, la ley les alcanzará”.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, consideró que es evidente que el juzgador ha abusado de su función. “El fallo sí es un argumento para la destitución de Orellana, totalmente. Eso debería ser en un Estado de derecho normal, eso debería proceder inmediatamente a levantarle el antejuicio y tomar las medidas disciplinarias que corresponden”, enfatizó.
En marcha mecanismo de destitución
El Organismo Judicial (OJ) informó, por medio de un comunicado de prensa, que ante la petición de destitución del juez Orellana hecha por el Gobierno, la CSJ “inició el procedimiento correspondiente, siendo respetuosa de la Constitución y las leyes vigentes”.
Fredi Calderón, de Comunicación y Prensa del OJ, confirmó durante una comunicación telefónica, que efectivamente el citado proceso ya se puso en marcha.
El OJ explicó que la sanción de destitución de un juez debe ser recomendada por la Junta Disciplinaria y trasladada al Consejo de la Carrera Judicial y ejecutada por la CSJ.
Puntos clave del fallo
Edgar Ortiz, uno de los abogados que accionaron contra la resolución del togado Orellana, analizó en sus redes sociales los efectos y mensajes que deja la resolución:
La CC reconoce la amenaza
El juez quiso reabrir el proceso electoral de 2023, poniendo en riesgo la voluntad popular y la toma de posesión de autoridades electas. La Corte le dijo: no más.
Anula los actos
Deja sin efecto la nulidad absoluta que Orellana inventó contra el Movimiento Semilla. Esa figura no existe en la Ley Electoral. Todo quedó sin valor jurídico.
La Corte advierte por prevaricato
Recordó que dictar resoluciones contrarias a la ley es delito. El juez fue advertido formalmente de no volver a contravenir la Constitución.
Se previene a todas las autoridades
Nadie puede usar decisiones penales para alterar los resultados electorales ni la alternabilidad del poder. Los resultados de 2023 son inalterables.
Con la decisión gana el Estado de derecho
Nadie está por encima de la Constitución ni puede alterar la voluntad popular. La democracia se protege cumpliendo la ley y respetando las reglas del juego.
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