¿Quién es más culpable, el que soborna y amenaza a un árbitro para que beneficie a un equipo o el réferi que calla, podría ser por temor, pero que calla y no denuncia?
Así se presentó a finales de la semana pasada una situación denunciada por el club Ipala, de la Segunda División, contra dirigentes del René Urrutia, de San Luis Jilotepeque, Jalapa, con una grabación de estos indicando que ya tenían el arreglo con el silbante.
La resolución del Organismo Disciplinario fue contundente: suspensión de por vida para Mario Edgardo Cerna Arita, presidente, y David Ezequiel Pinto Samayoa, presidente adjunto, del equipo en cuestión, pero se destaca que el árbitro en su acta no reportó incidentes, cuando debía ser una obligación.
El réferi Brayan Eduardo Díaz Acabal y sus asistentes Gerber Moxín y Ludvin Galindo serán interrogados por la Comisión Arbitral, que de encontrarlos culpables los suspenderá también de toda actividad en el balompié de manera vitalicia.
La recomendación para Hugo Castillo, quien preside la oficina que dirige a los jueces de campo, es que siga la investigación para determinar a qué otros jueces han sobornado y si esto es una práctica común, retirar los puntos de cada juego del equipo cuando fue local.
Los jugadores no tienen la culpa, pero ahora quedarán señalados por formar parte de un club que pagó a los árbitros para hacer el trabajo que supuestamente ellos no serían capaces de lograr en la cancha.
