EN EL PAÍS
Cooptación del Estado: Listado de sindicados ligados a proceso
Este miércoles se dictó la resolución en la audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado, en el cual se sindica a 57 personas de distintos delitos.
Este miércoles se dictó la resolución en la audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado, en el cual se sindicó a 57 personas de distintos delitos.
Del total de señalados, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, ligó a proceso penal a 53 implicados y dictó falta de mérito para los otros 4. Aún está pendiente conocer si serán enviados a prisión preventiva o se les otorgará medida sustitutiva. El juzgador estimó oportuno suspender la audiencia y darle continuidad mañana jueves, a las nueve horas.
Los sindicados fueron ligados por los siguientes delitos:
Otto Pérez Molina, expresidente de la República: cohecho pasivo y lavado de dinero.
Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de la República: cohecho pasivo y lavado de dinero.
Héctor Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación: asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero.
Manuel Augusto López Ambrosio, exministro de la Defensa Nacional (2013-2014): asociación ilícita y lavado de dinero.
Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del IGSS: asociación ilícita y lavado de dinero.
Ulises Noé Anzueto Girón, exministro de la Defensa Nacional (2012): asociación ilícita y lavado de dinero.
Alberto Rafael De León Escobar: financiamiento electoral ilícito.
Álvaro Mayorga Girón: financiamiento electoral ilícito
Julio Alejandro Quinto Tobar: financiamiento electoral ilícito
Ana Graciela López Gálvez: financiamiento electoral ilícito
Edna Maribel Berganza Colindres, ex subjefa de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS): financiamiento electoral ilícito.
Marco Antonio Recinos Sandoval: financiamiento electoral ilícito.
Denis Leonel Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito
Boris Alberto Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito
Boris Orlando Navas Aguilar: financiamiento electoral ilícito.
Max Roberto Burgos Faillace: financiamiento electoral ilícito
Juan Luis Ortiz Álvarez: financiamiento electoral ilícito
Rudy Geovani Navas Siliézar: financiamiento electoral ilícito
Jack Irving Cohen: financiamiento electoral ilícito.
Denis Benjamín González Zepeda: financiamiento electoral ilícito.
Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, exgerente del Banco G&T Continental: financiamiento electoral ilícito.
Gustavo Alejos Cámbara: financiamiento electoral ilícito.
Oscar Ludwin Osorio Ovalle: asociación ilícita y cohecho pasivo.
Rudy Leonel Gallardo Rosales, exdirector del Registro Nacional de las Personas (Renap): asociación ilícita y cohecho pasivo.
Abner Antonio Rodríguez Vásquez: cohecho activo
Emilia Guadalupe Ayuso de León, exdirectora del Registro de Información Catastral: asociación ilícita y cohecho activo.
Alex Ricardo Girón Martínez: asociación ilícita y cohecho pasivo.
Dwight Antony Pezzarossi García, exministro de Cultura y Deportes: asociación ilícita y cohecho pasivo.
Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo.
Denis Leonardo Lam: cohecho activo.
Karl Cristian Kaeller de León: cohecho activo.
Julio René Barrios Ortega: cohecho activo.
Juan Carlos Salguero Barrientos: cohecho activo.
Walter de Jesús López Acevedo: asociación ilícita, cohecho activo.
Byron Enrique Barrera Menéndez: cohecho activo.
Héctor Hugo Solano Morales: cohecho activo.
Miguel Ángel Martínez Solís, exsubsecretario de la SAAS y representante legal de la empresa de seguridad Escorpión: asociación ilícita y cohecho activo.
Dani Crowel Gento Mayorga: asociación ilícita y cohecho activo.
Juan Carlos Salguero Barrientos: cohecho activo.
Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézer, expiloto del Partido Patriota: asociación ilícita y lavado de dinero.
Daniel Estuardo Calderón Ángel: asociación ilícita y lavado de dinero.
Juan Abner Fonseca Galicia, exgerente de negocios de Banrural: asociación ilícita y lavado de dinero.
Edín Raymundo Barrientos, ex accionista de diario Siglo 21: lavado de dinero.
Izmenia Beatriz Del Val Herrera, exasesora legal de Baldetti: falsedad ideológica
Adolfo Fernando Peña Pérez, expresidente de Banrural: asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito
Judith Del Rosario Ruiz Lau, exsecretaria de Roxana Baldetti: asociación ilícita y lavado de dinero.
Daniela Beltranena Campbell, exasistente de Roxana Baldetti: asociación ilícita, lavado de dinero.
Jonathan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
Julio César Aldana Franco: asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.
Samuel Aceituno Juárez: asociación ilícita y lavado de dinero.
Mario Rodolfo Contreras Díaz: asociación ilícita y lavado de dinero.
Mario René Cano Gutiérrez, exdefensor de Baldetti: lavado de dinero.
Rafael Enrique Cetina Gutiérrez, abogado y notario: lavado de dinero.
Falta de mérito:
Marvin Estuardo Díaz Sagastume, exdiputado.
Julián Muñoz Jiménez.
Raúl Eduardo Castillo Castillo.
Luis Fernando Montiel Dávila, abogado y notario.
Ayer y hoy, Guatemala es sede de la Segunda Reunión Presencial de Diálogo Centroamericano con Puntos de Contacto Nacional, un esfuerzo regional enfocado en la creación de la Hoja de Ruta para prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones.
Este instrumento pretende establecer prioridades y acciones compartidas entre los países del área para mejorar la eficacia en la lucha contra la circulación ilegal de estos artefactos, que impacta directamente la seguridad y estabilidad.
Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), resaltó la relevancia de enfrentar el fenómeno, pues una alta proporción de los actos violentos en el país está vinculada con este tema.
“Es necesario desarrollar acciones para comprender mejor este problema y establecer conversaciones que permitan contrarrestar a las organizaciones criminales responsables de la proliferación de armas en el territorio”, afirmó Jiménez.
Herramienta clave
Por su parte, Katja Boettcher, oficial de Asuntos Políticos del Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, en inglés), resaltó los avances desde la primera reunión, el año pasado, en Panamá.
Explicó que este mecanismo se perfila como una herramienta clave para transformar la región en una zona de paz, seguridad y desarrollo.
Asimismo, el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ivan Marques, señaló: “Tenemos que alinear nuestras acciones para la prevención de la violencia y fortalecer nuestros marcos legales para reducir los flujos ilícitos que alimentan a los grupos ilegales organizados”.
El representante de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), Rafael Donis, dijo: “Cada país enfrenta el desafío de garantizar que las armas autorizadas estén en manos de sus propietarios. La Hoja de Ruta contribuirá a lograr este objetivo”.
EN EL PAÍS
Buscan más acción contra la pobreza
Organizaciones no gubernamentales definirán una agenda común en apoyo a los guatemaltecos más vulnerables
Definir acciones para trabajar de manera conjunta en el combate de la pobreza es el objetivo del V Congreso Nacional de ONG, que se realiza en la capital de Guatemala, informó la presidenta en funciones, Karin Herrera.
En ese sentido, Herrera afirmó que en el encuentro, que comenzó ayer y finalizará mañana, se establecerá una agenda común con el fin de conocer y buscar salidas a las necesidades de la población rural.
“Es importante tener una hoja de ruta, trabajar unidos en diferentes sectores para continuar mejorando las condiciones de los guatemaltecos más necesitados”, manifestó.
Planes a futuro
Por su parte, William Mazariegos, director ejecutivo de la entidad Asindes, que aglutina a 26 ONG, señaló que el evento pretende integrar a las organizaciones, para formular planes a futuro.
Mazariegos agregó que parte de las acciones es coordinar el trabajo con agencias internacionales, para obtener financiamientos y hablar con las municipalidades acerca del rol de las oenegés. “Queremos que las organizaciones no gubernamentales legítimas ocupen los espacios intersectoriales”, expresó.
De acuerdo con Mazariegos, durante estos tres días se espera establecer los acuerdos mínimos de la agenda común, darle seguimiento, lograr consensos y consolidarla en, aproximadamente,
cuatro meses.
El director de Asindes indicó que su organización llega a 500 mil familias, beneficiándolas con proyectos de desarrollo agrícola y exportación. Aquellos hogares que no tienen terrenos se les apoya con alimentos y educación nutricional, aseguró.
Además, la entidad cuenta con programas de microcréditos para impulsar el desarrollo económico y programas de vivienda y salud para las personas más necesitadas.
Una supervisión para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), empezó ayer la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que concluirá el próximo 3 de octubre.
La evaluación busca determinar “si se están cumpliendo los protocolos, lineamientos y planes nacionales, entre otros, para mantener la seguridad aeroportuaria”, afirmó Erick Uribio, gerente
general del AILA.
De esa cuenta, inspeccionarán si, por ejemplo, se efectúan los patrullajes dentro y fuera del aeródromo, que los usuarios estén pasando por los escáneres, así como determinar qué artículos ingresan y cómo lo hacen, explicó.
Si tras la fiscalización encuentran inconvenientes establecen las medidas correctivas que se requieran y de no atenderse en el plazo que ellos fijan, el aeropuerto puede perder su categoría.
“Esta es una inspección integral que realiza la OACI, cada cierto tiempo a los Estados miembros del Convenio de Chicago, para comprobar el estado de los sistemas de supervisión de seguridad de aviación civil”, señaló la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en un comunicado de prensa.
