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EN EL PAÍS

Cooptación del Estado: Juez liga a proceso a 53 sindicados

El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió ligar a proceso penal al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria Roxana Baldetti por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado.

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El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió ligar a proceso a 53 de los 57 sindicados en el caso denominado cooptación del Estado, quienes de acuerdo con el Ministerio Público (MP) habrían fraguado una estrategia para apoderarse de forma ilícita de recursos financieros del Estado.

La determinación judicial incluye el procesamiento contra el expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria Roxana Baldetti por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo.

En la jornada número 27 y tras tras analizar en los últimos cuatro días los medios de investigación y pruebas presentadas por el MP.

De las 53 personas procesadas se indica que existen indicios de que cometieron distintos delitos, entre ellos asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo.

Para el notario Luis Montiel Dávila, sindicado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de asociación ilícita y lavado de dinero, el juez decretó la falta de mérito. Al igual que para Raúl Eduardo Castillo, contratista, señalado del delito de cohecho activo; y para Julián Jiménez y Marvin Díaz.

Resolución

Las 15 personas sindicadas en el grupo denominado financistas, serán investigadas por financiamiento electoral ilícito.

Rafael Cetina Gutiérrez; el abogado Mario Cano, exdefensor de Baldetti; y Edin Barrientos, exministro de Agricultura; fueron ligados a proceso por el delito de lavado de dinero.

Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, quedó ligado a proceso por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo. Daniela Beltranena y Jonathan Chévez, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Los exministros de la Defensa Nacional Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto serán investigados por lavado de dinero y asociación ilícita. Mientras que Gustavo Alejos, empresario y exsecretario privado de la Presidencia, por financiamiento electoral ilícito.

El exministro de Cultura y Deportes, Dwight Pezzarossi, y el exdirector del Registro Nacional de las Personas (Renap), Rudy Gallardo Rosales, fueron ligados por cohecho pasivo y asociación ilícita; el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, por asociación ilícita y lavado de dinero.

El juez Gálvez continúa dictando su resolución en cuanto a si las 55 personas serán enviadas a prisión preventiva o se les otorgará medida sustitutiva.

Según las investigaciones del MP y la CICIG, el Partido Patriota (PP), que llevó al poder a Pérez y Baldetti, recibió fondos de origen ilícito y los mismos fueron lavados por medio de empresas de cartón creadas únicamente para darle apariencia de legalidad a ese financiamiento.

Noticia en desarrollo.

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Región combate el tráfico de armas

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Ayer y hoy, Guatemala es sede de la Segunda Reunión Presencial de Diálogo Centroamericano con Puntos de Contacto Nacional, un esfuerzo regional enfocado en la creación de la Hoja de Ruta para prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones.

Este instrumento pretende establecer prioridades y acciones compartidas entre los países del área para mejorar la eficacia en la lucha contra la circulación ilegal de estos artefactos, que impacta directamente la seguridad y estabilidad.

Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), resaltó la relevancia de enfrentar el fenómeno, pues una alta proporción de los actos violentos en el país está vinculada con este tema.

“Es necesario desarrollar acciones para comprender mejor este problema y establecer conversaciones que permitan contrarrestar a las organizaciones criminales responsables de la proliferación de armas en el territorio”, afirmó Jiménez.

Herramienta clave

Por su parte, Katja Boettcher, oficial de Asuntos Políticos del Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, en inglés), resaltó los avances desde la primera reunión, el año pasado, en Panamá. 

Explicó que este mecanismo se perfila como una herramienta clave para transformar la región en una zona de paz, seguridad y desarrollo.

Asimismo, el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ivan Marques, señaló: “Tenemos que alinear nuestras acciones para la prevención de la violencia y fortalecer nuestros marcos legales para reducir los flujos ilícitos que alimentan a los grupos ilegales organizados”.

El representante de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), Rafael Donis, dijo: “Cada país enfrenta el desafío de garantizar que las armas autorizadas estén en manos de sus propietarios. La Hoja de Ruta contribuirá a lograr este objetivo”.

Luis Carrillo Fotógrafo: Norvin Mendoza
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Buscan más acción contra la pobreza

Organizaciones no gubernamentales definirán una agenda común en apoyo a los guatemaltecos más vulnerables

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Definir  acciones para trabajar de manera conjunta en el combate de la pobreza es el objetivo del V Congreso Nacional de ONG, que se realiza en la capital de Guatemala, informó la presidenta en funciones, Karin Herrera.

En ese sentido, Herrera afirmó que en el encuentro, que comenzó ayer y finalizará mañana, se establecerá una agenda común con el fin de conocer y buscar salidas a las necesidades de la población rural.

“Es importante tener una hoja de ruta, trabajar unidos en diferentes sectores para continuar mejorando las condiciones de los guatemaltecos más necesitados”, manifestó.

Planes a futuro

Por su parte, William Mazariegos, director ejecutivo de la entidad Asindes, que aglutina a 26 ONG, señaló que el evento pretende integrar a las organizaciones, para formular planes a futuro.

Mazariegos agregó que parte de las acciones es coordinar el trabajo con agencias internacionales, para obtener financiamientos y hablar con las municipalidades acerca del rol de las oenegés. “Queremos que las organizaciones no gubernamentales legítimas ocupen los espacios intersectoriales”, expresó.

De acuerdo con Mazariegos, durante estos tres días se espera establecer los acuerdos mínimos de la agenda común, darle seguimiento, lograr consensos y consolidarla en, aproximadamente,
cuatro meses. 

El director de Asindes indicó que su organización llega a 500 mil familias, beneficiándolas con proyectos de desarrollo agrícola y exportación. Aquellos hogares que no tienen terrenos se les apoya con alimentos y educación nutricional, aseguró.

Además, la entidad cuenta con programas de microcréditos para impulsar el desarrollo económico y programas de vivienda y salud para las personas más necesitadas.

Josselinne Santizo Fotógrafo: Mariano Macz
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EN EL PAÍS

OACI inicia auditoría periódica en el Aeropuerto La Aurora

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Una supervisión para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), empezó ayer la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que concluirá el próximo 3 de octubre. 

La evaluación busca determinar “si se están cumpliendo los protocolos, lineamientos y planes nacionales, entre otros, para mantener la seguridad aeroportuaria”, afirmó Erick Uribio, gerente
general del AILA.

De esa cuenta, inspeccionarán si, por ejemplo, se efectúan los patrullajes dentro y fuera del aeródromo, que los usuarios estén pasando por los escáneres, así como determinar qué artículos ingresan y cómo lo hacen, explicó.

Si tras la fiscalización encuentran inconvenientes establecen las medidas correctivas que se requieran y de no atenderse en el plazo que ellos fijan, el aeropuerto puede perder su categoría.

“Esta es una inspección integral que realiza la OACI, cada cierto tiempo a los Estados miembros del Convenio de Chicago, para comprobar el estado de los sistemas de supervisión de seguridad de aviación civil”, señaló la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en un comunicado de prensa. 

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Mariano Macz
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