El trabajo coordinado entre Gobierno e iniciativa privada en la lucha contra el ingreso ilícito de mercancías ha permitido controlar estructuras criminales que golpean a empresarios que laboran honradamente y, por consiguiente, afectan la productividad y la generación de empleos.
Esa alianza, integrada en los Puestos de Control Interinstitucional (PCI), permitió que entre 2020 (cuando las instancias fueron creadas) y 2023 se evitara la entrada de contrabando valorado en Q135 millones.
Dichos centros también refuerzan las políticas gubernamentales que buscan persuadir y evitar la migración irregular, fenómeno que ha crecido en el ámbito mundial, dado los réditos que deja la explotación de quienes ilusionados por alcanzar otros espacios de superación caen en manos de forajidos que han hecho de estas operaciones su forma de vida.
Pero volviendo al tema de los esfuerzos para evitar la introducción de productos que no cumplen con el pago de impuestos, conviene recordar que los PCI están estratégicamente ubicados y aplican mecanismos de supervisión que imposibilitan el trasiego de artículos que compiten de manera desleal frente a compañías debidamente establecidas.
Los contundentes resultados en la materia también envían mensajes claros a quienes consideran invertir en el país, pues advierten de que en Guatemala se respeta el Estado de Derecho y las reglas comerciales que rigen en todas las partes.
En este punto conviene advertir que estos planes de Estado responden a la Política General de Gobierno 2020-2024, la que en sus ejes 1 y 3 orienta el camino al impulso de la Economía, Competitividad y Prosperidad y a la consolidación de una nación de Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, elementos indispensables para alcanzar la prosperidad integral de los guatemaltecos y un destino que sea apetecido por capitalistas nacionales y extranjeros.
