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Construir en madera, para una edificación sostenible (II)

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Asimismo, para avanzar hacia un cambio en la mentalidad del sector, se hace necesario comprender las ventajas que implica el uso de este material frente a otros. En la actualidad, existen ya diversas maneras de valorar el comportamiento ambiental de los materiales y los productos de la construcción a través del análisis de ciclo de vida (tanto de la extracción de la materia prima como del transporte a la fábrica, la elaboración del producto, la colocación en el edificio y el mantenimiento, restauración y recuperación tras el período de uso) y bases de datos con información del impacto ambiental de los materiales de construcción. Sin embargo, existen pocas bases de datos con información completa para madera.

De esta carencia nació el proyecto que hemos desarrollado, Cátedra Madera Universidad de Navarra y ADEMAN, para poner a disposición del sector una herramienta que sirva para evaluar, de forma sencilla y en la fase de anteproyecto, qué ventajas medioambientales implica el uso de madera en los edificios. 

Esta herramienta (resultado de un proyecto de investigación concedido por el Gobierno de Navarra para promover la madera dentro del tejido empresarial de Navarra) sirve para comparar las emisiones de CO2 de sistemas constructivos que recurren a la madera frente a los equivalentes realizados con otros materiales, de modo que de un solo vistazo el constructor, promotor o cliente pueda visualizar las ventajas de recurrir a la madera frente a esos otros materiales.

El objetivo final no es otro que ofrecer un recurso interesante para arquitectos, constructores y promotores.

Esta herramienta (que se ha diseñado como un Excel de sencillo manejo) establece unos parámetros de referencia de los elementos constructivos en los cuales resulta habitual el uso de la madera. Es decir, en estructura, revestimientos de fachadas ventiladas, revestimientos interiores de paredes, pavimentos, carpinterías y aislamientos. De ellos se ofrece la emisión de la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de los productos utilizados, tomando bases de datos reconocidas y recursos avalados internacionalmente, como ICE Inventory of Carbon & Energy (v3.0).

El objetivo final no es otro que ofrecer un recurso interesante para arquitectos, constructores, promotores e incluso para que la administración pueda valorar, de forma objetiva, los beneficios del uso de madera en los edificios y opten por ella. 

Esta finalidad es, también, la que mantenemos en la Cátedra Madera de la Universidad de Navarra, desde su constitución, de la mano del Gobierno de Navarra, para apoyar el desarrollo de una cultura de la madera y el fomento de su uso en aplicaciones constructivas a través de la formación y investigación aplicada.

Colaborador DCA
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Las “buenas prácticas” (y II)

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En resumen, el Sernac identifica diez “buenas prácticas”, a saber, que: 1) la intervención en juicio colectivo sea justificada y contribuya a los fines de la acción; 2) el legitimado activo que pretenda intervenir en el proceso judicial conozca la estrategia jurídico procesal del actor; 3) los intervinientes en el proceso colectivo insten a la elaboración de acuerdos completos y suficientes; 4) los legitimados activos distintos del Sernac que ejerzan acciones colectivas idénticas a la ejercida por el Sernac notifiquen al servicio de esta circunstancia y soliciten cuando corresponda la acumulación de autos; 5) en caso de desistimiento de un legitimado activo, antes de su materialización, sea consultado de manera privada el demandante principal; 6) los legitimados activos entreguen toda la información disponible para la formación de grupos y subgrupos para la determinación de las compensaciones o indemnizaciones correspondientes; 7) se eviten mensajes o declaraciones públicas que causen erróneas expectativas a los consumidores; 8) se use adecuadamente la información pública, secreta y reservada; 9) se mantenga un actuar coordinado entre los intervinientes del proceso que busque la protección de los consumidores y 10) se incorporen ciertos clausulados en los acuerdos, cuando hay pacto sobre costas hacia las asociaciones de consumidores. Aun cuando las “buenas prácticas” que identifica el Sernac son en general valorables (como sucede también en las demás circulares ya mencionadas), adolecen de dos problemas, que se vinculan con el diseño de los juicios colectivos: no se condicen con la naturaleza contenciosa de los juicios, y los intervinientes en el proceso tienen intereses que no necesariamente están alineados. De ahí, entonces, que lo que el Sernac estime que es una buena práctica, no necesariamente lo es para el resto de los intervinientes en el proceso.

No por esta razón se va a estar incurriendo en una mala práctica.

Así, por ejemplo, el Sernac cree que es una buena práctica (incluso para el demandado) instar por un acuerdo. Pero puede el proveedor, razonablemente, no querer llegar a un acuerdo, pues disiente de la interpretación del servicio.

No por esta razón se va a estar incurriendo en una mala práctica sino, muy por el contrario, la parte tiene la posibilidad de ejercer su derecho a defensa. Por otra parte, las asociaciones de consumidores y grupos de consumidores y el Sernac pueden tener razonablemente intereses diversos, y no por ello van a incurrir en una mala práctica al no llegar a un acuerdo.

En conclusión, aunque estas “buenas prácticas” son conductas deseables en el marco de un juicio colectivo, su infracción no tiene efecto en el proceso judicial, dada la estructuración de este y los distintos intereses de los intervinientes, sobre todo entre los legitimados activos.

Colaborador DCA
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Un estudio sobre discapacidad

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En el presente mes se realizará en Sololá un estudio, para determinar cuántas personas con discapacidad y adultos mayores utilizan técnicas de apoyo como silla de ruedas, muletas, bastones, apoyamanos, aparatos auditivos y otros instrumentos. La encuesta lleva por nombre Recolección de Datos de Acceso a Tecnologías de Asistencia (rATA). Una herramienta para el análisis de entrevistas a una población determinada, que proporcionará datos estandarizados sobre las necesidades satisfechas y no satisfechas en diferentes contextos.

El proyecto de rATA tendrá una duración de 36 días, y determinará la prevalencia de las limitaciones funcionales de personas mayores de 2 años en el uso de los productos de apoyo y las necesidades insatisfechas, lo que permitirá identificar las barreras en el acceso y la satisfacción de los productos de apoyo que utiliza la población de Sololá.

La muestra que se tomará para la realización del estudio es de tres mil 50 personas, de 61 conglormerados de Sololá y los municipios: Santa María Visitación, Santa Lucía Utatlán, Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, tomando como base el Censo 2018, que dio como resultado que más de 1 millón 500 mil personas viven en condición de discapacidad, mayormente en el área rural, en pobreza y pobreza extrema. 

El Conadi brindará acompañamiento en el proceso.

Este proyecto estará a cargo de la Fundación Liliana, de Holanda; Universidad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra; Proyecto de Prótesis para el Movimiento en Guatemala, con el apoyo del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (Conadi) y Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Santiago Atitlán (Adisa). 

El Conadi brindará acompañamiento en el proceso, para determinar las áreas de mejora, facilitará los acercamientos en el ámbito local. Asimismo, apoyará en la revisión de la herramienta para que se aplique con pertinencia cultural.

Uno de los desafíos del estudio es que se realiza durante la pandemia del Covid-19. Sin embargo, los encuestadores aplican los protocolos de seguridad y son hisopados periódicamente. Los pobladores deben  contribuir otorgando datos para la obtención de un producto que posteriormente será un instrumento de incidencia para la generación de políticas públicas en beneficio de la población con discapacidad.

Colaborador DCA
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Implicarse con el patrimonio cultural (II)

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El concepto e idea de patrimonio se configuraron en el siglo XIX, tras las experiencias de destrucción a causa de las guerras y revoluciones, que hicieron desaparecer muchas huellas de un pasado aborrecido que querían borrar. Una circular de la Convención Nacional Francesa de 1794, tras las múltiples destrucciones, recordaba: “Vosotros no sois más que los depositarios del bien donado a la gran familia, la que tiene derecho a pediros cuentas.

Los bárbaros y los esclavos detestan las ciencias y destruyen los monumentos artísticos. Los hombres libres los aman y los conservan”. En España, tras las desastrosas consecuencias de la Desamortización de Mendizábal, no tardaron en surgir las Comisiones de Monumentos provinciales para tratar de frenar una catástrofe en patrimonio, mueble e inmueble, bibliográfico, musical y documental.

Al apreciar nuestro patrimonio cultural, podemos descubrir nuestra diversidad e iniciar un diálogo intercultural sobre lo que tenemos en común con otras realidades. Al respecto, nada mejor que recordar esta reflexión de Mahatma Gandhi: “No quiero mi casa amurallada por todos lados, ni mis ventanas selladas. Yo quiero que las culturas de todo el mundo soplen sobre mi casa, tan libremente como sea posible. Pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas”. 

Una sociedad avanzada y libre debe salvaguardar y gestionar adecuadamente su patrimonio. Una sociedad avanzada, culta y con altos niveles de bienestar, no puede consentir que su patrimonio cultural esté ausente de su devenir cotidiano.

Una sociedad avanzada y libre debe salvaguardar y gestionar adecuadamente su patrimonio.

El progreso, en cierto modo, se puede medir por el nivel cultural alcanzado por la misma. Ello ha generado que, en países desarrollados, exista una gran demanda social en torno al uso y disfrute de los bienes culturales. Este hecho se ha convertido en una exigencia ante las instituciones, lo que se ha traducido en el derecho de los ciudadanos a la cultura, como reconocen distintos textos constitucionales. Esto último ha llevado también a valorar los riesgos que suponen las masificaciones y los aspectos positivos y negativos del turismo cultural.

En ese sentido, hay que insistir en que el uso y disfrute del patrimonio cultural puede y debe ser rentable desde una gestión que implique su investigación, conservación y difusión. Las directrices de la Unesco y otros organismos insisten en el conocimiento, difusión y sensibilización en torno a los bienes culturales, proponiendo a los Estados programas de educación e información mediante cursos, conferencias y seminarios en todos los grados de la enseñanza, reglada y no reglada, en aras a promover y realzar el valor cultural y educativo del mismo.

Entre los numerosos textos emanados de altas instituciones, destacaremos uno de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa, de 1985, en el que se apela a “sensibilizar a la opinión pública sobre el valor del patrimonio arquitectónico no solo como elemento de identidad cultural, sino también como fuente de inspiración y de creatividad para las generaciones presentes y futuras”.

Afirma Julio Valdeón que la historia de un pueblo es de todos sus habitantes y constituye el mejor soporte para saber hacia dónde se camina. Si ese pasado se vincula a testimonios materiales, a los bienes culturales, la conciencia colectiva será mucho más fuerte. Perder las referencias del pasado, equivale a borrar el camino y favorecer la desorientación.

Octavio Paz escribió aquello de “la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia”, afirmación que puede extrapolarse a otros bienes culturales. Faustino Menéndez Pidal nos recordaba que “el pueblo que no conoce su pasado, que ignora las vías por donde llegó a estar donde está y a ser lo que es, queda a merced del que quiera mostrarle una historia falsificada con fines sectarios”.

 Continuará…

Colaborador DCA
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