Desde que Alejandro Giammattei asumió la Presidencia de la República definió cinco compromisos de Estado, los cuales programó en la Política General de Gobierno 2020-2024, estrategia que ha marcado el proceder de las autoridades.
En la referida guía de trabajo, elaborada por expertos en cada una de las materias, se resalta el inciso cuatro, relativo al Estado Responsable, Transparente y Efectivo que herederá quien gane la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 20 de agosto.
El eje aludido, claramente, advertía la pretensión de “administrar de manera efectiva y transparente las instituciones, para ponerlas al servicio de los ciudadanos”. El compromiso, que empezó el 14 de enero de 2020, muestra resultados indiscutibles como la transformación digital que caracteriza a las instituciones, con las que se ha restado burocracia a la función pública.
De esa cuenta, por medio de enlaces electrónicos y desde la comodidad de sus residencias, los ciudadanos tienen acceso, en tiempo real, a información detallada y relevante de programas y obras, lo cual ha facilitado la transparencia y rendición de cuentas, piezas claves en la consolidación de la democracia participativa de la que otros gobiernos han hecho gala, aunque sin mayores aportes.
Esta es la importancia de las llamadas Jornadas Móviles de Servicios Integrados, a cargo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), las cuales, en lo que va de 2023, acercaron los trámites a 46 798 connacionales (más que todo 2022), quienes han obtenido certificaciones de nacimiento, DPI, antecedentes penales y policíacos, licencias e inscripciones de matrimonio y de defunción, entre otros.
Además, se han desplegado equipos integrados por profesionales de la medicina de distintas áreas, con el objetivo de atender las necesidades de los pobladores. En fin, Guatemala visualiza un Estado que está a la altura de las exigencias y de los derechos de los compatriotas.
