La Constitución de 1985 puso fin a una República inestable, frecuentemente perturbada por los golpes de Estado y erosionada por las perniciosas consecuencias de un enfrentamiento armado.
La actual ocupa el séptimo lugar, en una sucesión de constituciones, que empiezan con la Constitución de la República, fundada por Rafael Carrera en 1847.
Después de la independencia, los gobiernos conservadores y los gobiernos liberales redactaron sus propias constituciones, que llegaron a su fin en 1944, con la Revolución de Octubre, la cual elaboró también su Constitución, la del 45.
De 1954 a 1985, gobiernos militares gobernaron, durante un período en el cual hubo 3 golpes de Estado, 2 constituciones y una “Carta fundamental de Gobierno”.
El primer golpe lo asestó Enrique Peralta Azurdia, en 1963; el segundo lo dio el general Efraín Ríos Montt, el 23 de marzo de 1982; y el tercero, Óscar Humberto Mejía Víctores, el 8 de agosto de 1983.
Durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt se inició el período de transición hacia la democracia. Los hechos que constituyen ese punto de partida son: 1) El Decreto Ley 30-83, Ley orgánica del Tribunal Supremo Electoral; 2) El Decreto Ley 31-83, Ley del Registro de Ciudadanos; y el Decreto Ley 32-83, Ley de Organizaciones Políticas.
“Este andamiaje jurídico institucional permitió transitar la vuelta al orden constitucional”, dice el doctor Jorge Mario García Laguardia. Los pasos siguientes para el retorno a la institucionalidad se dieron durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores.
El 1 de julio de 1984 se realizaron las elecciones de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente, la cual aprobó, el 31 de mayo de 1985, una nueva Constitución. La Asamblea aprobó, además, el 3 de diciembre de 1985, el Decreto 1-85, Ley electoral y de Partidos Políticos. La nueva Constitución entró en vigor el 14 de enero de 1986. Ese día toma posesión una nueva legislatura y también toma posesión de la Presidencia de la República el licenciado Vinicio Cerezo Arévalo. Se inicia así un nuevo período republicano, con autoridades elegidas democráticamente.
La Constitución estuvo en peligro en junio de 1993, cuando el presidente Jorge Serrano Elías disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. El actuar de la Corte de Constitucionalidad permitió resolver la situación, y con ello sostuvo la continuidad de la Constitución y, por consiguiente, la continuidad de la República. De otra manera, habría sido necesario emprender la elaboración de una nueva Constitución.
En noviembre de 1993, el Congreso aprueba reformas a la Constitución del 85, las cuales fueron refrendadas en consulta popular en enero de 1994.
El nuevo texto constitucional contiene cambios importantes, entre los que se incluye: prohibición al Banco de Guatemala de efectuar préstamos al gobierno central; reducción del período presidencial de 5 a 4 años e instauración de la figura del fiscal general.
El 16 de octubre de 1998, el Congreso aprueba un segundo conjunto de reformas a la Constitución del 85, pero fueron rechazadas en una consulta popular.
Este 31 de mayo de 2018, la nueva República y su Constitución cumplen 33 años de vigencia. Existen grupos que consideran conveniente reformarla, pero también hay quienes consideran que no hay que cambiarla, sino garantizar su eficaz cumplimiento.
