La última actualización del Plan Maestro que protege la Reserva de la Biósfera Maya fue anulada por la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, porque incluía modificaciones que alteraban la conservación de la región como el otorgamiento de permisos para explotación petrolera en las zonas núcleo, así como el aprovechamiento de madera en propiedad privada dentro del área protegida.

La funcionaria indicó que “durante la administración pasada solo tomaron el plan y cambiaron lo que es y no es permitido, actualización que nunca se presentó a ningún miembro del Consejo Nacional de Areas Protegidas (Conap), por lo que, básicamente, fue aprobado por el secretario general de ese entonces, lo que es una irregularidad”.

Subrayó que en la actual gestión, el secretario y su equipo de trabajo “descubrieron muchas banderas rojas; por lo que el documento aún se encuentra en revisión profunda a la espera de presentarse a la comisión de Conap”.

“Cambiaron lo que es y no es permitido”. Patricia Orantes Ministra de Ambiente y Recursos Naturales

A última hora

Es supuesto estudio fue renovado y admitido el 9 de enero de 2024, cinco días antes de la entrega del gobierno, sin consenso real, con el propósito de conceder autorizaciones para la apertura y construcción de nuevas vías de acceso, líneas férreas, telefónicas, pistas de aterrizaje y helipuertos dentro de la biósfera. “Muchas de estas cosas van en contra de la ley de áreas protegidas que rige el propio Conap”, señaló Orantes.

No obstante, la seguridad para mantener los sitios a salvo seguirá, y por ello, quedó en vigencia la actualización anterior aprobada en 2019, precisó la ministra.

Control y equilibrio

Por otra parte, Claudia Burgos, de Áreas de Manejo Centro de Datos para la Conservación, de la Universidad de San Carlos (Usac), refirió que “hay que ser muy cuidadosos, porque es el único remanente más grande que tenemos de un ecosistema natural, como selva virgen en el país.

}Si uno ve las imágenes satelitales de cuando se iniciaron trabajos petroleros en Laguna del Tigre y cómo se abrió paso y deforestó, es indignante. Debe haber un control y un equilibrio entre economía y conservación, ya que son nuestros recursos”, enfatizó.

Rubelsy Pimentel Fotógrafo: Archivo

Víctimas de delitos recibirán atención psicológica y médica inmediata con la habilitación de la Clínica Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que comenzó a funcionar ayer en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial (OJ).

Ingrid Romero, directora general del Inacif, explicó que esta iniciativa representa un espacio dedicado a brindar un servicio oportuno y profesional a aquellos que han sufrido violencia delincuencial.

El nuevo recinto brinda desde medicina forense hasta análisis y acompañamiento emocional con un enfoque integral que, además, busca asegurar la preservación de evidencia crucial para investigaciones
judiciales.

Por su parte, Oscar Cruz, presidente del OJ, destacó que las acciones apoyan a la justicia, ya que proporcionan pruebas científicas que pueden ser utilizadas en los tribunales para esclarecer los hechos y responsabilidades en casos criminales.

Resaltó que la presencia de esta clínica dentro de las instalaciones del OJ simplifica el proceso de recolección de pruebas y agiliza los procedimientos legales, contribuyendo así a una administración más eficiente y transparente.

El togado resaltó que con el nuevo espacio, el OJ continúa su misión de garantizar el acceso a la justicia de manera oportuna, y sobre todo facilita la protección y el apoyo a las víctimas.

Luis Carrillo Fotógrafo: Danilo Ramírez

“Volver a contar lo que ya conté me causa dolor”, expresó una de las víctimas que compartió ayer su testimonio durante el juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, el cual se efectúa en el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Ella, cuyo nombre se omite, junto a otras mujeres indígenas revivió la violencia sexual que sufrió por parte de los soldados hace más de 40 años en el conflicto armado interno en Quiché. Con la voz entrecortada y en su idioma natal detalló cómo el 16 de febrero de 1982, elementos del Ejército llegaron en helicópteros
a su comunidad y desataron el terror.

A pesar de sus intentos por huir a la montaña, las capturaron y se vieron forzadas a refugiarse en una choza, y el relato continúa con el testimonio de la forma en que presenciaron las ejecuciones de sus seres queridos.

5 de abril comenzó el debate por genocidio.

Además, describió cómo las sometieron a vejaciones sexuales. “El sufrimiento se prolongó por cuatro días, hasta que un hombre, en búsqueda de su propia familia, las encontró y las liberó”, refirió.

Lucas García, de 91 años, enfrenta acusaciones de genocidio, desaparición forzada y violaciones de los derechos humanos; en particular, contra el pueblo maya Ixil; por lo cual el Ministerio Público (MP) presenta los testimonios de 152 personas, respaldados por 81 expertos, así como más de 150 peritajes efectuados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

Evidencias que arrojan luz sobre los horrores ocultos por varias décadas, en búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.

Luis Carrillo Fotógrafo: Danilo Ramírez