EN EL PAÍS
Connacionales condenados en Belice podrán cumplir penas en Guatemala
Este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) publicó en el Diario Oficial un acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre el cumplimiento de sentencias penales.
Este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) publicó en el Diario Oficial un acuerdo entre la República de Guatemala y Belice sobre el cumplimiento de sentencias penales.
De acuerdo con el documento, se permitirá a las personas condenadas por delitos con penas de privación de libertad cumplir las sentencias en el país del que sean originarios.
Esta medida se da debido a que, según el acuerdo, ambas naciones consideran que trasladar a los sentenciados al país del que sean nacionales es una forma de contribuir a facilitar y lograr su rehabilitación.
Los países se comprometen a concederse mutuamente la más amplia cooperación posible para que el cumplimiento de condenas impuestas a privados de libertad sea en su respectivo país.
El artículo tres establece que una pena impuesta a un nacional de Belice en la República de Guatemala podrá ser cumplida en Belice, asimismo una pena impuesta a un nacional de Guatemala en Belice podrá ser cumplida en Guatemala.
El convenio tendrá una duración de 10 años y se prorrogará automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes firmantes, mediante notificación escrita por la vía diplomática, lo dé por terminado. Esta finalización surtirá efecto un año después de la notificación respectiva.
El acuerdo está firmado por Carlos Raúl Morales, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, y Wilfred Erlington, procurador general y ministro de Relaciones Exteriores de Belice.
En las disposiciones finales del acuerdo se indica que este convenio está fundamentado en el Acuerdo sobre un marco de negociación y medidas de fomento de la confianza entre Guatemala y Belice, suscrito el 7 de septiembre de 2005, cuyo propósito es mantener y profundizar las relaciones bilaterales amistosas hasta que el diferendo territorial, insular y marítimo sea resuelto de manera permanente.
EFE
La Corte Suprema de Justicia programó para septiembre de 2025 una audiencia para discutir sobre la repetición de un juicio por lavado de dinero contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien clama su inocencia y está detenido desde julio de 2022.
Sobre Zamora Marroquín, fundador en 1996 del rotativo ya extinto El Periódico, que publicó cientos de investigaciones de corrupción estatal, hay al menos tres procesos judiciales distintos ordenados por el Ministerio Público, incluido el de lavado de dinero por el que fue sentenciado a 6 años de cárcel el 12 de junio de 2023, un fallo que fue anulado el 12 de octubre de ese mismo año por una sala de apelaciones que debido a errores procesales.
El periodista, de 67 años y reconocido internacionalmente por tres décadas investigando la corrupción en Guatemala, intentaba que el Supremo conociera los retrasos y recursos judiciales que han bloqueado la repetición del juicio por un supuesto lavado de dinero en su contra.
La programación, por parte de la Cámara Penal del Supremo, de la audiencia para el 23 de septiembre de 2025 «es una violación a su presunción de inocencia”, aseguró este jueves José Carlos Zamora, hijo del periodista, que acumula 788 días en una prisión en el norte de la Ciudad de Guatemala.
Con la última medida del Supremo, el Estado de Guatemala está “asumiendo una grave responsabilidad internacional” porque para septiembre de 2025 su padre habría cumplido más tiempo en prisión que la tentativa condena que podrían darle, agregó José Carlos Zamora.
Zamora Marroquín fue encarcelado el 29 de julio de 2022, solamente cinco días después de publicar un editorial en su medio, El Periódico, donde acusaba de corrupción al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
Las acusaciones contra Zamora Marroquín las lidera el Ministerio Público (Fiscalía), encabezado por fiscales sancionados por corrupción y prácticas antidemocráticas por el Gobierno de Estados Unidos.
Zamora Marroquín fue el ganador en mayo pasado del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2024 de periodismo, que se entrega cada año en Colombia por la fundación creada por el escritor Gabriel García Márquez.
Derivado de su encarcelamiento, El periódico, el matutino de su propiedad que publicó más de 300 reportajes sobre corrupción desde 1996, se vio forzado a cerrar el 15 de mayo de 2023.
EN EL PAÍS
Supervivientes de violaciones durante conflicto armado piden en la ONU el fin de la impunidad
Anisia Gil
La impunidad por las violaciones y otros abusos perpetrados en los conflictos afecta a la vida de decenas de miles de mujeres en el mundo, como lo han relatado en la ONU y en primera persona sexagenarias indígenas supervivientes de la violencia sexual durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996).
Conocidas como «las abuelas de Sepur Zarco», estas mujeres han roto treinta años de silencio e hicieron historia en 2011 al presentar ante un tribunal nacional el primer caso de esclavitud sexual en el marco de un conflicto armado.
Una de ellas es Demecia Yat, de 69 años y representante del colectivo Jalok U, formado por mujeres de la comunidad maya q’echí de Sepur Zarco, al noreste de Guatemala, que tienen en común haber sido violadas y tomadas como esclavas sexuales por el ejército.
En dicho poblado, que estaba habitado por unas 15 familias de esta etnia, se establecieron seis destacamentos militares, lo que resultó en docenas de hombres detenidos y desaparecidos tras ser señalados como guerrilleros y de mujeres esclavizadas.
«Estamos aquí para exigir que se luche y para que las mujeres jóvenes indígenas de nuestra comunidad tengan una vida diferente», comentó a EFE la activista Demecia, momentos después de haber tomado la palabra en el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne actualmente en Ginebra.
El juicio concluyó en 2016 con una sentencia sin precedentes que condenó a dos excomandantes por crímenes de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud) a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.
La sentencia del caso Sepur Zarco también incluyó 18 medidas de reparación que tenían por objetivo mejorar las condiciones de vida de las supervivientes y sus comunidades al garantizar su acceso a la salud, la educación y otros servicios esenciales.
Sin embargo, han pasado ocho años desde la sentencia y las organizaciones que apoyaron su causa denuncian que varias de esas medidas han quedado «en papel mojado», condenando a muchas de estas mujeres a seguir viviendo en condiciones de pobreza extrema.
Demecia pidió que su caso se convierta en una referencia internacional para que otras víctimas de violencia sexual puedan obtener justicia transicional, especialmente las mujeres indígenas, que en muchos casos se enfrentan a una doble discriminación por su condición de mujeres y de una minoría étnica.
«Queremos recordar que es importante buscar la justicia, alzar la voz y decir que ya no podemos continuar con estas formas de violencia que enfrentamos como mujeres indígenas», insistió.
En esta misma línea habló Carmen Xol, otra de las supervivientes del caso Sepur Zarco, que relató entre lágrimas que son muchas las mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia sexual como arma de guerra.
La representante de ONU Mujeres en Guatemala, Gloria Carrera, cuyo organismo ayudó a estas activistas a viajar a Ginebra, lamentó que a pesar de la sentencia a su favor y de las acciones que el Estado debía tomar en favor de la comunidad indígena de Demecia y Carmen, persisten los problemas para recibir una educación o tener acceso a la salud.
Sostuvo que faltan recursos económicos y coordinación entre los distintos ministerios de Guatemala, pero también apoyo de la comunidad internacional para sostener los logros conseguidos.
Durante la presente época de lluvias, autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) han registrado 50 centros educativos con daños.
De acuerdo al informe de CONRED, los departamentos en donde se han rreportado más centros educativos afectados son: Alta Verapaz (11), Guatemala (9), Huehuetenango (6), El Progreso (3), Jutiapa (3) y Petén (3).
Ante las condiciones climáticas pronosticadas, se mantiene la posibilidad que los incidentes incrementen, por ello la SE-CONRED recomienda a la población revisar o hacer su Plan Familiar de Respuesta, identificar las áreas seguras y de riesgo en su comunidad y reportar cualquier situación de emergencia o desastre al 119 de CONRED.
