En el Congreso de la República existen cuatro empréstitos presentados este año que el pleno no ha conocido, y su retraso afecta el mejoramiento de instituciones e implementación de programas para el beneficio de la población.
Entre los créditos se encuentra uno de Q2.2 millardos (US $300 millones) para el Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, lo que podría ser la clave para mejorar la seguridad en el país.
De acuerdo con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, el compromiso se adquiriría con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y el Ministerio de Gobernación recibiría Q1 mil 289 millones, más de la mitad del total, y la Corte Suprema de Justicia tendría acceso a Q626 millones. Mientras que el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses percibirían Q147 millones cada uno.
Francisco Rivas Lara, titular del Interior, comentó que su cartera utilizaría los fondos para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, por medio de la adquisición de mil 500 radiopatrullas, mil motocicletas, construir 24 sedes policiales y tres unidades carcelarias bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.
En evaluación
La Comisión de Finanzas, encargada de dictaminar estos temas, también mantiene en análisis los préstamos entre Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por Q1.83 millardos (US $250 millones), para la ejecución del Programa de Administración Tributaria y Transparencia, y otro de Q440 millones (US $60 millones) que se invertirían en el Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público.
Asimismo, está pendiente el contrato con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de Q1.83 millardos (US $250 millones), denominado Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición.
Adim Maldonado, presidente de la junta, declaró que se llevarán a cabo otras mesas de trabajo para analizar si es necesaria la aprobación de estos préstamos y si hay que quitar o añadir programas para las carteras ejecutoras, por lo que aún no se ha definido si se dará o no un dictamen favorable a estas solicitudes de deuda pública.
La analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Irene Flores, explicó que los retrasos se justifican con los procesos de análisis de los problemas que se registran en la ejecución, por lo que las carteras deberían buscar programas viables que aseguren la transparencia y permitan la fiscalización.
