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Congreso sigue sin conocer préstamos
En el Congreso de la República existen cuatro empréstitos presentados este año que el pleno no ha conocido, y su retraso afecta el mejoramiento de instituciones e implementación de programas para el beneficio de la población.
Entre los créditos se encuentra uno de Q2.2 millardos (US $300 millones) para el Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, lo que podría ser la clave para mejorar la seguridad en el país.
De acuerdo con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, el compromiso se adquiriría con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y el Ministerio de Gobernación recibiría Q1 mil 289 millones, más de la mitad del total, y la Corte Suprema de Justicia tendría acceso a Q626 millones. Mientras que el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses percibirían Q147 millones cada uno.
Francisco Rivas Lara, titular del Interior, comentó que su cartera utilizaría los fondos para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, por medio de la adquisición de mil 500 radiopatrullas, mil motocicletas, construir 24 sedes policiales y tres unidades carcelarias bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria.
En evaluación
La Comisión de Finanzas, encargada de dictaminar estos temas, también mantiene en análisis los préstamos entre Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por Q1.83 millardos (US $250 millones), para la ejecución del Programa de Administración Tributaria y Transparencia, y otro de Q440 millones (US $60 millones) que se invertirían en el Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público.
Asimismo, está pendiente el contrato con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de Q1.83 millardos (US $250 millones), denominado Primer Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Mejora de la Gobernanza de los Recursos Públicos y Nutrición.
Adim Maldonado, presidente de la junta, declaró que se llevarán a cabo otras mesas de trabajo para analizar si es necesaria la aprobación de estos préstamos y si hay que quitar o añadir programas para las carteras ejecutoras, por lo que aún no se ha definido si se dará o no un dictamen favorable a estas solicitudes de deuda pública.
La analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Irene Flores, explicó que los retrasos se justifican con los procesos de análisis de los problemas que se registran en la ejecución, por lo que las carteras deberían buscar programas viables que aseguren la transparencia y permitan la fiscalización.
EFE
El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado en 2023 a más de 26 años de cárcel y expulsado de su país por el Gobierno de Daniel Ortega, participa en las reuniones del Sínodo del Vaticano, adonde llegó exiliado el pasado enero.
El monseñor reapareció en una fotografía junto al presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Javier Román, con quien comparte mesa en el Sínodo, según recoge el ‘Servicio de Información Religiosa’ (SIR), un medio de los obispos italianos.
Álvarez fue invitado por el papa Francisco a participar en esta reunión de obispos y laicos de todo el mundo, que debatirá temas de calado para la Iglesia hasta el próximo 27 de octubre.
Es de hecho el único nicaragüense entre los miembros de este evento debido a la crisis que vive el país centroamericano.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
Managua acordó en enero con la Santa Sede el envío al Vaticano de Álvarez, tras meses negándose a marcharse, y del obispo Isidoro Mora junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenía privados de la libertad.
Altos funcionarios de Estados Unidos anunciaron que su Gobierno dotará a Guatemala con 50 millones de dólares adicionales para trabajar el tema de seguridad y justicia en el país centroamericano.
El secretario antinarcóticos de los Estados Unidos, Todd Robinson, anunció el aporte económico para Guatemala, durante un diálogo de alto nivel, celebrado este miércoles junto al ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez.
“Este aporte es para impulsar un cambio transformador en las instituciones guatemaltecas y obtener resultados tangibles que beneficien a ambos países”, declaró Robinson durante dicha reunión.
Robinson indicó que este aporte se suma a los primeros 50 millones de dólares que la Casa Blanca otorgó al país este año para el programa “Guatemala se Transforma”, el cual plantea atacar las causas estructurales de la migración.
Coordinación para combatir crimen
Durante la reunión se dialogó sobre los logros alcanzados en conjunto en materia de crimen organizado y crímenes transnacionales.
El pasado martes, las autoridades de Guatemala capturaron a 25 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), señalados por una investigación realizada en conjunto con Estados Unidos de supuestamente pertenecer a una red de tráfico de migrantes.
Además, durante 2024, primer año del Gobierno de Bernardo Arévalo de León, Guatemala ha capturado a una veintena de presuntos narcotraficantes con órdenes de extradición pendientes por parte de cortes estadounidenses.
Por el delito de incumplimiento de deberes en forma continuada fueron capturados sies guardias del Sistema Penitenciario (SP) que estaban al servicio en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel.
Los guardias fueron capturados en el interior de la prisión. Las pesquisas han revelado que los detenidos han estado de turno en esa cárcel cuando han asesinado de 12 reos en diferentes fechas entre 2023 y 2024, informó Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los seis agentes arrestados fueron identificados como Romeo Antonio Figueroa Borrayo, Rolvin Estuardo Monzón Barrera, Carlos Gualip Mas, Edgar Cenel García López, Rudy Abimael Tziu Alvarado y Gaspar Hernández Vásquez, todos en servicio activo.
Estas capturas se suman a otras cuatro registradas el pasado lunes, cuando otros guardias del mismo centro carcelario fueron detenidos por estar vinculados a los mismos crímenes.
Los primeros tres guardias detenidos el lunes son Romeo Antonio Figueroa Borrayo, de 43 años, Rolvin Estuardo Monzón Barrera, de 44 y Carlos Gualip Más, de 47. Mientras que el otro fue detenido ese mismo día en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, ubicado en el municipio de Santa Cruz en el departamento del Quiché, y fue identificado solo como Edgar «N» de 44 años.
