Comprometidos con garantizar la salud integral de los guatemaltecos, sin distinción, las autoridades sanitarias escucharon los planteamientos y necesidades de la población con VIH en el país. Y es que más de 24 mil 618 ciudadanos viven con esa enfermedad en Guatemala, de acuerdo con la Comisión Nacional Multisectorial de Organizaciones (Conasida), por lo que consideran necesario tener una respuesta a sus demandas médicas.

En ese contexto, ayer, delegados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) sostuvieron una reunión con instancias que integran la Conasida, para profundizar en las prioridades de asistencia que requieren estos pacientes.

Ilcia García, secretaria ejecutiva de la citada Comisión, detalló que el encuentro tuvo como objetivo analizar las prioridades para este año, con énfasis en la política pública para la respuesta integral y analizar las reformas a la Ley del VIH.

García indicó que en 2023 se diagnosticaron 2 mil 959 personas con el mencionado virus, de las cuales 165 fueron mujeres embarazadas. Quienes viven con la enfermedad son atendidas en las 20 unidades de servicio integral, de las cuales 17 son del MSPAS, cartera que preside la mencionada institución.

Asimismo, refirió que se efectuaron 24 mil 169 diagnósticos de infecciones de transmisión sexual. Las más prevalentes son de clamidiasis, con 11 mil 418 casos; papilomatosis, 6 mil 099, y sífilis primaria, 1712.

Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil, mujeres trans y otros grupos vulnerables exigieron garantías para el respeto de los derechos humanos, así como priorizar una estrategia de salud integral diferenciada, la asignación de un presupuesto para actividades de prevención y formación, entre otras acciones.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Mariano Macz

Lo fundamental de que los planes de trabajo cuenten con indicadores que permitan identificar avances o retrocesos, recordó ayer la vicepresidenta Karin Herrera durante la segunda sesión del Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco).

Es ideal “que los objetivos tengan posibilidad de ser medibles, con el objetivo de saber si estamos en rojo, amarillo o verde con relación al avance”, consideró.

Herrera recordó a los encargados de las 11 mesas de trabajo del Gabeco que deberán avanzar en la implementación de las tareas que les corresponden.

Los espacios creados son Empoderamiento Económico de la Mujer y Mipymes e Inversión y Competencia, así como Promoción y Comercio Exterior e Interno, a cargo del Mineco. Además, Empleo Digno, bajo la responsabilidad de la cartera de Trabajo; Acceso a Energía, que lo verá el despacho de Energía y Minas, y

Vivienda Digna, por Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. También, Infraestructura para el Buen Vivir, de la Secretaría Privada de Presidencia; Sostenibilidad Ambiental, Ambiente y Recursos Naturales; Financiamiento para el Desarrollo, Finanzas; Turismo Sostenible, Instituto Guatemalteco de Turismo, y Agricultura Familiar, cartera de Agricultura.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Herbert García

La viceministra de Comunicaciones, Paola Constantino, informó durante una citación con diputados de la bancada VOS, que ayer se interpuso otra denuncia en contra del exministro de la cartera Javier Maldonado, ahora por el caso Cocinas dignas, y se amplió la ya presentada por irregularidades en los proyectos de construcción de 14 escuelas Bicentenario.

Según detalló la funcionaria, se le señala por los delitos de fraude, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, enriquecimiento ilícito de particulares, asociación ilícita, malversación y falsedad ideológica.

53 millones de quetzales fue la valoración del programa Cocinas dignas.

El caso se originó porque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) identificó que el proyecto, que data de 2020, estipulaba la implementación de 590 cocinas por valor aproximado de 90 mil quetzales cada una. Sin embargo, solo hay registradas 514, de las cuales nueve no se encontraron y, el resto, quedó a medias o fueron sobrevaloradas.

“Acá ya se encuentran actas firmadas por las autoridades máximas, que corresponden a los contratos aprobados”, dijo Constantino, quien indicó que la denuncia también es en contra del ex viceministro Carlos Quiñónez.

Por su parte, Jairo Flores, parlamentario de VOS, reconoció que el Micivi ha hecho lo correcto al denunciar estos actos de corrupción. Mientras, Orlando Blanco solicitó a la funcionaria documentar de manera precisa todas las pruebas necesarias para que se tenga sustento.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Archivo