EDITORIALES
Con fervor y esperanza, termina la Semana Santa
A pesar de la pandemia del Covid-19, miles de guatemaltecos celebraron con fe y devoción el descanso de Semana Santa, en un ambiente de responsabilidad, al respetar las medidas de bioseguridad para evitar contagios, y con el apoyo de toda una estrategia impulsada por el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese).
Para los creyentes, el significado de la Semana Mayor es conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, iniciando el Domingo de Ramos y finalizando el Domingo de Resurrección, por lo cual es importante recoger este mensaje de reflexión y recogimiento espiritual, para tomar fuerzas y continuar la batalla por la reactivación económica del país y vencer al coronavirus.
Actuar con responsabilidad es una tarea que se debe iniciar desde el hogar, como el compromiso de velar por la seguridad y bienestar de los seres queridos, y es a partir de esa unión, como familia o con amigos, de donde nace el sentimiento de velar por el bien común para impulsar el desarrollo de todos los guatemaltecos.
Independientemente de haber disfrutado o no de un período de vacaciones, el significado de la Semana Santa debe dejar plasmado ese mensaje de unidad y hermandad para impulsar la reconstrucción de Guatemala, de forma similar como se ha tratado el tema de la pandemia: cuidarnos, para cuidar a los demás.
En ese sentido, el trabajo en equipo logrado por los más de 90 mil personas que integraron el Sinaprese es una muestra que, cuando los guatemaltecos nos unimos, somos capaces de superar emergencias y tenderle la mano a quien más lo necesita.
De esa manera, este equipo interinstitucional brindó atención a miles de guatemaltecos que viajaron al interior a presenciar las tradiciones religiosas de la Semana Mayor, o a visitar lugares de esparcimiento, como playas, ríos u otros con que cuenta nuestro país de la eterna primavera.
La misión del retorno seguro se cumplió, gracias al apoyo interinstitucional y a la responsabilidad de los guatemaltecos que manejan con precaución y prudencia. Ahora es el momento de seguir cuidándonos, pues el peligro de contagio de coronavirus sigue latente.
La entrega de la cárcel El Infiernito, prevista para hoy, es un paso enorme en la recuperación del Sistema Penitenciario (SP). El acto, más que una mejora en la infraestructura del centro, encierra un mensaje más profundo, el cual incluye el rescate de la dignidad del Estado.
La entrega de la prisión viene acompañada de otras acciones de singular importancia. Por ejemplo, ya se tienen los agentes entrenados para controlar el presidio y, en breve, se contará con los protocolos y procedimientos para garantizar el orden en el recinto.
De manera paralela, se definen con las operadoras de telefonía los mecanismos que eviten que los reos tengan acceso a celulares e internet, mientras se entrena la nueva promoción de agentes penitenciarios que se hará cargo de resguardar las cárceles.
Sin duda, la toma del control del SP conllevará una mayor reducción de los índices criminales, en especial, de las extorsiones, las cuales intentan crear un clima de zozobra entre empresarios y ciudadanos. Sin embargo, lo más loable de estas medidas es que se recuperará la confianza ciudadana en sus autoridades, algo que parecía imposible hasta 10 meses atrás, cuando las mafias corruptas imponían su ley en los organismos e instituciones del Estado.
Aunque pareciera una obviedad innecesaria, conviene advertir que los citados cambios vienen enmarcados en una política de seguridad democrática, la cual prioriza los derechos individuales y colectivos. De esa cuenta, tal y como reza el plan del Gobierno 2024-2028, la renovación del SP ofrecerá oportunidades de reinserción y de nuevos esquemas que permitan que los reos replanteen sus vidas tras cumplir sus penas.
El control penitenciario no es un asunto solo de fuerza. También requiere correctivos que modifiquen conductas y actitudes, sin que se repita la indolencia gubernamental para ordenar una institución que había sido escuela de delincuentes y mina de oro de cientos de exfuncionarios. La reconquista de El Infiernito es una muestra de que cuando se quiere se puede, del triunfo de la decencia y del amor a la patria.
Como si fuera una serie criminal, de esas que hoy abundan en los servicios de Streaming, los guatemaltecos y la comunidad internacional presencian, con absoluto asombro, la manera en que operó la red de vándalos defraudadores denominada B410.
Poco a poco, los ciudadanos se enteran de las vilezas perpetradas por un grupo de exfuncionarios y dueños de empresas, quienes hicieron su agosto durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
El martes pasado, en un nuevo episodio de esta trama, basada en hechos reales, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad que empezó a escribir el guion de esta red a la que, de momento, se le contabilizan más de 300 millones de quetzales defraudados, denunció a otras 206 empresas. Estas se suman a las 35 querellas presentadas el 13 de agosto pasado.
A la par de documentar nuevos indicios sobre la corruptela, las autoridades de la SAT demandaron la pronta captura de los antagonistas, para llegar a los autores intelectuales de los saqueos, quienes ya han protagonizado historias similares.
En el capítulo más reciente, divulgado ayer, el Gobierno descubrió que varias de las compañías que integran el B410 también defraudaron al Hospital General San Juan de Dios, mediante mecanismos que levantan al expectador de sus asientos. Inventaron remozamientos en lugares inexistentes, los cuales sobrevaloraron. Ni el más audaz de los escritores de novelas negras tendría tanta imaginación.
Pese a lo grotesco de los robos, que sobrepasan los 11 millones 800 mil quetzales, nadie se dio por enterado. Incluidas la auditoría interna del hospital y la Contraloría General de Cuentas, cuyas responsabilidades se centran en velar por el buen uso de los fondos públicos.
De momento, es imposible determinar cuántos capítulos más se escribirán de la B410. Seguramente, no alcanzará una temporada para contar esta historia de abuso y codicia. Pero las preguntas ya flotan en el ambiente: ¿El sistema de justicia será capaz de capturar a los delincuentes? ¿Se entregarán los foragidos? ¿Los juicios se desarrollarán aquí o en un tribunal
estadounidense?
Hay discursos que golpean las conciencias. Que ponen nuestra historia en perspectiva. Puede afirmarse que las verdades no necesitan maquillaje, mientras que las mentiras lo siguen siendo por más bonitas que se presenten.
De esa cuenta, el concepto de seguridad ciudadana durante un sistema democrático es diametralmente distinto al que se tiene en los gobiernos autoritarios. O en tiempos en los que pulula la corrupción.
Para los primeros, el tema está ligado a los derechos humanos, con las garantías individuales y colectivas de toda una nación. No solo para las élites ni exclusivamente para determinados estratos sociales. Los otros ven el asunto como otra manera de saquear el erario. De negociar con los grupos criminales, locales y externos.
Aquí radican las diferencias. Las nuevas formas de gobernar. Reforzar la seguridad en los cascos urbanos es ir por el camino correcto, siempre y cuando no se olviden las poblaciones rurales, las comunidades más apartadas del país, las que han sido invisibilizadas de las políticas públicas.
Hoy, el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación (Mingob), tiene un panorama claro sobre lo que requieren y demandan los ciudadanos. Ahora existe un plan definido que, además, ofrece resultados positivos. Aunque no se quieran ver, pese a los discursos populistas de quienes fracasaron por acción o pasividad.
Abrir la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, ejemplifica cuando el discurso es consistente con los hechos. Habilitar esa sede policial forma parte de una estrategia que ha sido pensada para fortalecer la seguridad en las urbes y en los pueblos originarios. De custodiar a quienes tienen más recursos económicos, pero también a aquellos que carecen de dinero.
Poco a poco, las poblaciones remotas constatarán que valen tanto como cualquiera. Es cuestión de tiempo para que la seguridad deje de ser un privilegio y se torne en un derecho. Llegará el momento en que el Estado vele por todos y todas.
