Preocupación y alarma. Ese fue el hilo discursivo de los representantes de las naciones integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de la reunión del Consejo Permanente para abordar las presuntas amenazas al orden constitucional en el país. A las expresiones de los diplomáticos, quienes también se mostraron alarmados ante el proceder del Ministerio Público (MP), en particular durante las elecciones convocadas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir magistrados (titular y suplente) a la Corte de Constitucionalidad (CC), se suma el pronunciamiento de John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EE. UU., cuyo texto conviene transcribir: “Las autoridades universitarias abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE” (Tribunal Supremo Electoral). La advertencia de Barrett, de por sí fuerte y estremecedora, señala a la referida postuladora de priorizar “sus propios intereses por encima del bienestar social y de sus instituciones”. Tal comisión es compuesta por Walter Mazariegos, rector de la Universidad San Carlos; Mynor Augusto Herrera, representante de rectores de las universidades privadas; Gregorio Saavedra, por el CANG; Henry Manuel Arriaga, decano de la Facultad de Derecho de la casa de estudios estatal; y Donald González, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Occidente, como miembros titulares.
En el foro de la OEA los términos fueron más diplomáticos, pero claros en cuanto al apoyo unánime manifestado hacia el Gobierno y a la atención que mantendrán en el trabajo de las comisiones postuladoras. Para el Estado y sus dependencias es importante contar con el respaldo de una entidad regional de esta categoría. El cierre de filas que los 35 Estados miembros en favor de los esfuerzos democráticos y constitucionales de nación refleja la percepción positiva que en el mundo despierta el Organismo Ejecutivo, liderado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera. Sin embargo, hay un mensaje subyacente en la posición asumida por diplomáticos de América y de la Unión Europea: la presencia de las mafias en el sistema de justicia es intolerable y su retiro inmediato es una exigencia generalizada.
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