EDITORIALES
Comedores Sociales con buenos resultados
Los esfuerzos por la salud van también por el rumbo de la buena alimentación. Por ello las entidades de gobierno que trabajan por la seguridad alimentaria y en la lucha contra la desnutrición, como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), han desarrollado programas especiales en los que participan nutricionistas, médicos, antropólogos, trabajadores sociales y psicólogos, con el propósito de combatir los flagelos como el hambre y la desnutrición crónica.
Uno de esos programas especiales, que busca llevar ayuda inmediata a los que más lo necesitan, es el Comedor Social, que tiene como objetivo brindar a la población necesitada acceso a la alimentación mientras dure su situación de vulnerabilidad o la crisis.
Esto se hace con alimentos elaborados a partir de menús específicos, pensados en torno al balance nutricional que debe ingerir una persona cada día, y para ello se hace una selección de productos de calidad y se observan los más altos estándares de sanidad en todo el proceso.
Estos Comedores son ubicados en áreas geográficas urbanas y rurales afectadas por fenómenos naturales, cerca de escuelas y hospitales, o donde haya demanda comunitaria por alguna situación de vulnerabilidad.
El Mides ha ubicado comedores en: Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Guatemala y Escuintla. También en Huehuetenango, San Marcos, Retalhuleu, Quiché, Jalapa, Jutiapa, Izabal y Zacapa.
En el primer trimestre del año, el Mides hizo un recuento de las raciones entregadas por medio de los Comedores Sociales, y la suma reveló que se han servido no menos de 774 mil raciones, entre desayunos y almuerzos.
El Gobierno tiene proyectado abrir 25 Comedores Sociales más en puntos estratégicos del país durante este año, para ayudar a las personas de escasos recursos en su nutrición diaria con alimentos a bajo costo y, en algunos casos, alimentos sin costo alguno.
En el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones. Hay diputados que se resisten a ser instrumentos del pacto de corruptos y se les ve dispuestos a velar por el bien común. En fin, el Parlamento parece reinventarse. Y la ciudadanía lo está notando.
La primera señal puso en su sitio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La mayoría de legisladores hizo valer su determinación de aumentar la inversión social y volvió a aprobar un decreto anulado por el máximo tribunal del país. Con más votos. Similar ejercicio ocurrió con la Ley de Clases Pasivas del Estado, que contiene mayores beneficios para los jubilados, en su mayoría personas de la tercera edad.
Hoy, los dignatarios cierran filas a favor de las fuerzas civiles de seguridad. Un sector sobre el que pesa un prejuicio injusto, que ha invisibilizado muchas de sus necesidades y escamoteado sus derechos.
Ahora este organismo encamina una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), creada hace 27 años. Una iniciativa humana, que efectivamente pretende dignificar la labor de los agentes.
Por ejemplo, el anteproyecto contempla cambios en el régimen de Previsión Social Complementario, que incluye apoyo a las viudas e hijos menores de edad que perdieron a su progenitor durante la prestación del servicio. Además, se promueve asistencia especial a personal que haya quedado discapacitado por el cumplimiento de su deber.
De igual manera, proyecta mejoras salariales, un régimen más equitativo de escalafón y pone especial énfasis en el auxilio póstumo, así como maximiza la atención médica, la cual se extiende a padres, cónyuges y descendientes menores de 18 años.
Sin duda, el mundo cambia mucho después de 27 años y nuestras normativas deben estar a la altura, sobre todo en materia se seguridad ciudadana. Lo bueno es que en el Congreso soplan nuevos aires. Se sienten otras sensaciones y el ciudadano lo sabe.
En ocho meses las fuerzas de seguridad del país, comandadas por el Ministerio de Gobernación, han puesto de manifiesto que el gobierno del mandatario Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, tiene entre sus prioridades combatir el tráfico de drogas y todo lo relacionado al trasiego de estupefacientes químicos.
Por décadas Guatemala ha sido un territorio frágil para los grandes cárteles que han encontrado en nuestras rutas, vías libres para transitar como Pedro por su casa. Hoy, hay un compromiso implacable de luchar contra este flagelo.
Como muestra es que en pocos meses la actual administración ha doblado esfuerzos por tierra, aire y mar, hasta lograr resultados mucho más contundentes en decomisos. Las cifras proporcionadas por la cartera de Gobernación, dirigida por Francisco Jiménez, dan cuenta que el incremento de las incautaciones ha sido de un 210 por ciento hasta el 8 de septiembre, con respecto a la misma fecha del año pasado.
Desde luego que para conseguir estos resultados ha sido necesaria una articulación interinstitucional con el Ministerio de la Defensa y otras entidades, además de una implementación de programas de capacitación y apoyo contínuo a la Policía Nacional Civil.
Sobre los números, en 2023 se había decomisado 3 mil 474 kilogramos de cocaína, mientras que a 2024, el volumen fue de 10 mil 777.96 kilogramos. En términos de valor, equivale a 1 mil 107 millones, 346 mil 471 quetzales.
Pero no solo este alcaloide ha sido blanco de nuestras fuerzas públicas de seguridad. Los resultados también se ven en metanfetamina, aeronaves y embarcaciones confiscadas, además de armamento y capturas de implicados.
Es oportuno elogiar ese esfuerzo y profesionalismo que los agentes de seguridad han puesto en cada acción que emprenden para evitar que la droga llegue a sus destinos, principalmente Estados Unidos y Europa.
Se han redoblado esfuerzos en todas las líneas fronterizas con nuestros vecinos, El Salvador, Honduras y México, además de mantener una coordinación muy cercana con los respectivos gobiernos, incluyendo Colombia, desde donde procede la mayor cantidad de la droga que pisa suelo guatemalteco.
No fue casual. Es claro que hubo una coincidencia de pensamientos. Exactamente en dos puntos, aunque compartieron una tercera visión: crear instituciones decentes. La clave es, parafraseando el Himno Nacional, evitar que los corruptos sigan escupiendo en la faz a Guatemala. Con absoluto descaro y total impunidad.
Lo cierto es que la conmemoración de la independencia de España permitió a los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacer sus reflexiones sobre el pasado, presente y futuro del país. Aunque
pareciera algo obvio, por la gesta ocurrida en 1821, los continuos llamados a la independencia de los Poderes del Estado no fueron casuales. Tenían un propósito y varios destinatarios.
Lo mismo sucedió con las exhortativas compartidas para que se impulse una elección de Cortes decentes, alejadas del grupo de mafiosos que logró cooptar el sistema de justicia, con el cual se garantiza inmunidad, pese a la dimensión de sus saqueos.
En ese marco, llamaron la atención las palabras del máximo jefe del Organismo Judicial (OJ), Oscar Cruz, el único de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no busca ser reelecto en el cargo. Integrar el OJ es un gran reto y un gran desafío.
Él como la mayoría de guatemaltecos, entiende el énfasis, y lo complicado que se presenta el panorama para garantizar tribunales imparciales. Que persigan los crímenes, no las ideas.
Un régimen republicano. Democrático. Representativo, fueron los términos priorizados por Nery Ramos, presidente del Parlamento, para quien la independencia, soberanía y libertad son tesoros invaluables, aunque, de momento, incompletos. Mancillados por fiscales, jueces y magistrados que se niegan a depurarse.
El evento habría sido desaprovechado si no se reiteran las exigencias de los guatemaltecos en torno a romper los lazos de corrupción. En este combate, el referente es el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, para quien el robo es la antítesis de la independencia. El que mantiene las viejas y duras cadenas. Que, de momento, impiden que ondee libre al viento la hermosa bandera.
