Codisra ha ganado mucha confianza entre la población

Las distintas acciones en las que trabaja la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), así como los avances y denuncias que ha recibido en temas de discriminación y racismo, fueron expuestas por el comisionado presidencial Miguel Pajarito en entrevista con Diario de Centro América. 

Perfil

¿En qué mecanismos internacionales se es parte en la actualidad?

La Codisra ha liderado el proceso a nivel de Estado por ser un ente especializado en materia de pueblos indígenas y participamos en tres instancias en específico.

La primera es el foro permanente para las cuestiones indígenas, en abril, todos los años. El siguiente es el de expertos de las Naciones Unidas en julio de cada ejercicio fiscal, y también somos parte de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 

¿Cuáles son las principales acciones impulsadas?

Desde que asumimos, hicimos un diagnóstico de la institución porque era una de las conocidas como entidad indígena dentro del Estado que estaba desgastada por el manejo. El análisis arrojó que había acciones técnicas a las que había que darles seguimiento y también políticas sin cumplir; entonces, la estrategia fue hacer acercamientos de alto nivel con toda la institucionalidad estatal.

Hemos acompañado al Ministerio de Educación, por ejemplo, para que dentro del currículo nacional se aborde el tema como una estrategia para minimizarlo.

Nos hemos dado cuenta también de que la mayoría de funcionarios desconoce los derechos de los pueblos indígenas. El Estado tiene el Instituto Nacional de Administración Pública, que forma a servidores públicos y a funcionarios, pero en la mayoría de maestrías, diplomados o cursos, es muy poco o nulo el abordaje del derecho de pueblos indígenas. Con ellos establecimos una carta de entendimiento para asesorarles, actualizar la malla curricular y que todo servidor o funcionario sea formado con sensibilidad en el tema.

¿Trabajan en formular o actualizar alguna política pública en esta materia?

Codisra es el ente rector de la política para la convivencia y la eliminación de la segregación y la exclusión, aprobada mediante Acuerdo Gubernativo en 2014, pero de esa fecha para acá han sido muy pocos o nulos los avances. Realizamos diálogos en el ámbito territorial y uno nacional en el que participó el presidente Bernardo Arévalo; se le entregó una serie de peticiones que permitieron esta discusión. La principal es que se necesita reglamentar o elaborar un plan de acción de la política para actualizarla, a 11 años de su autorización mediante acuerdo gubernativo.

¿Qué logros ha habido?

Hubo seis u ocho años en los que se invisibilizó la entidad, pero consideramos que hemos logrado el posicionamiento y ya es un debate público el tema del racismo y la discriminación; y no es que se haya dejado de hablar, porque desde la sociedad civil siempre han habido instancias que les han dado seguimiento a los procesos, pero desde el Estado la Codisra sí había dejado de abordar el asunto.

Tratamos de incidir en Segeplán para que los criterios que hacen de las políticas públicas se transformen porque, en Guatemala, a diferencia de otros países, los pueblos indígenas somos mayoritarios, no minorías.

En cuanto a denuncias, ¿cuál es la situación?

En 2025 se recibió una cifra significativa, y muestra la confianza que hay otra vez en la institución. Sin embargo, eso no garantiza sentencias, porque eso ya compete al Ministerio Público (MP). 

Desde algunos municipios hemos recibido quejas colectivas sobre discriminación económica, porque muchas personas viven de lo que venden en un mercado, y por planes de ordenamiento territorial, se atenta contra esa supervivencia, porque los expulsan y se incurre en violencia contra mujeres, hombres, niños, gente de la tercera edad.

¿Qué regiones tienen mayor incidencia de casos?

Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Quiché, Totonicapán y Alta Verapaz. Estamos tratando de modificar y mejorar nuestros sistemas para que las personas puedan hacer sus denuncias a través de un formulario en línea, pero la entidad está debilitada en todo sentido.

¿Qué procedimientos siguen para atender, acompañar y dar seguimiento a las demandas?

Se trata de obtener la mayor cantidad de detalles. Luego, un equipo de abogados hace los análisis correspondientes para determinar cuál es el derecho vulnerado. Posteriormente, se cita o se visita a los afectados para obtener mayor información; se les indica cuáles pueden ser las posibilidades de acción. Después se presenta la denuncia ante el MP, y solo queda darle seguimiento.

¿Qué acciones se han implementado para promover la acusación y fortalecer la confianza?

Indicarle a la población que los que estamos al frente de la comisión ocupamos este espacio como propuesta de sectores e instancias de pueblos indígenas. Tenemos bastante auditoría social para cumplir nuestras funciones. Encontramos una institución con muchas posibilidades, pero también
limitaciones. 

Una es que en el país no se ha tipificado el delito de racismo y esto es una complicación. Luego, la debilidad de que en el Congreso tampoco ha avanzado el tema de quitar la reserva al artículo 14 de la convención, que permitiría que el Estado acepte ser denunciado internacionalmente en este sentido, ya que el mismo MP considera que son faltas leves y que la mayoría termina con soluciones  amistosas.

¿Qué desafíos enfrentan?

Es una tarea de la sociedad, pero, como lo manifiestan las recomendaciones de este comité, una obligación del Estado. En el gobierno actual hay una voluntad fuerte, pero en los círculos institucionales cuesta mucho avanzar; por lo cual sensibilizar y formar a los servidores y funcionarios es una tarea obligatoria. Y considerar el escaso presupuesto que tenemos, ya que no alcanza para darles cumplimiento a todas las funciones, como tener sedes departamentales, y para muchísimas cosas.