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EDITORIALES

Cinco décadas de impulso al desarrollo

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La Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic) cumplirá 50 años de haberse establecido en nuestro país. Durante este tiempo, ha ejercido un papel fundamental en el desarrollo económico y social de Guatemala.

A lo largo de su existencia ha generado empleos directos e indirectos. Ello beneficia a decenas de hogares que dependen de esa fuente de empleo que la compañía ha mantenido y, se prevé, aumente en los próximos años. 

Según los ejecutivos, se pueden identificar dos períodos relevantes. El primero es la creación y ventajas competitivas que brindó como destino de inversión. El segundo comenzó en 2008, cuando se aprobó una reforma a la Ley de Zolic, que abrió las puertas para replicar este modelo en cualquier región del territorio nacional. 

Por ello, ahora también existen las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (Zdeep), localizadas en puntos estratégicos del país, donde también generan desarrollo.

Actualmente, estas entidades operan en San Marcos, Escuintla y Zacapa, que ya se están convirtiendo en polos de desarrollo, por medio de la transformación de la economía de las comunidades, así como la atracción de capitales locales y externos. 

Volviendo al tema de Zolic, esta empresa genera más de 1400 puestos de trabajo. Sin embargo, cuando operen otros 15 parques, Guatemala será favorecida con más de 7 mil empleos directos y unos 62 mil indirectos.

En 50 años, miles de guatemaltecos han incursionado en el ámbito laboral, que se traduce en mejor calidad de vida. De allí la importancia de que nuestro territorio se abra a más inversión. Para ello, el Gobierno hace lo propio y de la mano del sector privado se podrán aumentar los beneficios que conlleva recibir más capital foráneo. 

Editor DCA
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COLUMNAS

La apertura que una democracia demanda

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Reconfortante. Así se percibe, para el fortalecimiento de nuestra débil democracia, la reafirmación de brindar total apertura a la Prensa, hecha por el nuevo secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Con ello, Santiago Palomo sostiene la promesa que, desde el 14 de enero, hizoel gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera.


Es de suma relevancia para la gestión gubernamental mantener al pueblo informado de todo lo que se hace y no se puede hacer por diversas razones. Esa es la línea que debe seguir el nuevo encargado de esta dependencia; de él y su equipo de trabajo dependerá, en gran medida, la imagen que las diversas instituciones del Estado reflejen ante la opinión pública.


Su desempeño será vital porque desde ahí es posible articular el rol de puertas abiertas de todos los ministerios, secretarías y otras entidades públicas.


Es oportuno mencionar que no todos los funcionarios entienden el papel que desempeña la prensa nacional e internacional. Por costumbre quizá algunos no están familiarizados con el escrutinio público, pero deben entender que la libertad de expresión es uno de los postulados sagrados de nuestra Constitución Política de la República y, por consiguiente, son ellos quienes deben responder a ese mandato.


Pero tampoco se trata de ser condescendientes con los medios de comunicación. Sencillamente es una obligación que recae sobre los hombros de todos los que ocupan altos cargos, de atender los requerimientos que llegan de diversos canales informativos.


El nuevo secretario de Comunicación relevó a Haroldo Sánchez, a quien le tocó reorganizar el trabajo de una oficina pública que, más que informar sobre las actividades del binomio presidencial, se dedicó por años a cerrar espacios a periodistas y medios críticos.


De lo que por ahora nadie tiene duda es que desde la cúpula presidencial existe total voluntad política de mantener los canales informativos abiertos, no solo a la Prensa sino a toda la población. El Gobierno sabe que es mejor informar que callar y la apuestaserá continuar por ese camino, según afirma Palomo.

Colaborador DCA
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EDITORIALES

Exilio de Laparra elevó el repudio contra la Fiscal General y el OJ

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Pocas veces en la historia democrática de Guatemala, alguna persona o institución habían generado tanto rechazo o concentrado el repudio que existe contra la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y algunos magistrados y jueces del Organismo Judicial (OJ).

Las antipatías hacia estos funcionarios son tan rotundas como merecidas. Sus nombres y apellidos están ligados, de manera automática, con la corruptela e impunidad, al punto que una buena parte de compatriotas desea y espera que, en un futuro cercano, enfrenten la justicia y respondan por las presuntas persecuciones políticas emprendidas.

Un reciente artículo divulgado ayer por EFE, la agencia internacional de noticias española, dimensiona la gravedad de lo que ocurre en esta nación, producto de los arreglos entre un grupo de corruptos que cooptó el Estado con el único propósito de saquear, de forma impune, el erario y perseguir a quienes consideran sus rivales o críticos.

Así las cosas, desde 2019, al final de la trágica gestión de Jimmy Morales, y hasta 2023, durante el régimen déspota de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos han salido al exilio para evitar o detener el despiadado hostigamiento que ejerce el MP, el cual acuerpan jueces y magistrados cegados de poder y venganza.

Lo cierto es que la decisión que tomó la exfiscal Virginia Laparra de abandonar el país, forzadamente, se convirtió en la gota que colmó la paciencia de los ciudadanos que luchan por construir un Estado en el que impere la decencia y promueva el desarrollo integral e inclusivo.

Esta mayoría de compatriotas, que se hizo oír por medio de activistas y representantes de gremios, a quienes se unieron dirigentes del mundo, reparó en la trascendencia del trabajo de las comisiones de postulación para seleccionar aspirantes a jueces y magistrados, las que, en primera instancia, tienen en sus manos sanear un sistema y expulsar a quienes se ganaron el repudio generalizado de una nación.

Editor DCA
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EDITORIALES

El desarrollo del Petén pasa por recuperar la presencia del Estado

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Por incompetencia o por complicidad, las anteriores autoridades de los organismos del Estado no solo se despreocuparon de atender el departamento más grande del país, sino que lo pusieron en una situación de desamparo, que fue aprovechada por diversas estructuras criminales.

Así las cosas, Petén se convirtió en un territorio donde gobernaban las mafias que trafican personas, mercancías y drogas. El abandono del territorio fue tal, que el crimen organizado llegó al extremo de quemar impunemente los bosques, con el propósito de contar con extensiones más amplias para el aterrizaje de avionetas que transportan narcóticos de Colombia, Ecuador y Perú, por mencionar algunos países.

La urgente necesidad de poner orden y mejorar las condiciones de vida de los peteneros motivó al presidente y a la vicemandataria, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, respectivamente, a reunirse con los alcaldes y liderazgos sociales, con el fin de escuchar sus necesidades y crear los programas y proyectos que permitan resolver los problemas que angustian a los pobladores.

Luego de constatar los daños causados por los incendios y tras escuchar a los vecinos, encuentros en los que participaron los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, el binomio presidencial definió un plan que permitirá llevar tranquilidad y desarrollo integral. El mismo incluye, como elemento base, mayor presencia estatal y el despliegue de efectivos militares y policiales.

Además, se impulsará una estrategia con la que se dotará de energía eléctrica al departamento y se fortalecerá el puesto fronterizo que se hará cargo de imponer los controles pertinentes en la zona. Adicionalmente, se pavimentará la carretera a Melchor de Mencos, algo que el Ejecutivo considera primordial porque optimiza las condiciones de vida de los connacionales y contribuye al desarrollo turístico de Petén y de Guatemala.

Llevar prosperidad y esperanza a este territorio es más que una obligación del Estado; de ahí que Arévalo y Herrera lo vean como un acto de justicia hacia un pueblo que sueña con una nueva primavera.

Editor DCA
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