EDITORIALES
Cifras evidencian el éxito de una semana segura
Cuando el presidente Alejandro Giammattei asegura que los resultados del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese 2021) son positivos, trasciende de los registros de hechos delictivos y/o accidentes de tránsito, e incluye los resultados en materia monetaria, un aspecto indispensable en la estrategia nacional de reactivación económica. La Semana Santa, el asueto más prolongado del año, deja por fortuna pocos incidentes de gravedad. De hecho, el reporte del Sinaprese, sistema en el que participaron más de 100 mil personas de distintas instituciones del Gobierno, iniciativa privada y municipalidades, no advierte de mayores tragedias.
De acuerdo con lo informado, se atendió a 28 mil 600 personas, en los 14 campamentos y 14 puestos de control habilitados para asistir a los veraneantes. La ayuda ofrecida por Sinaprese abarcó asuntos de bioseguridad, con el objetivo de contener los contagios de Covid-19, así como constatar que los paseantes hacían su parte en materia de limpieza de manos, distanciamiento físico y uso correcto de la mascarilla.
En los próximos días corresponderá comprobar que los veraneantes, en público y en privado, hayan tomado las precauciones pertinentes, con el fin de evitar una nueva ola de infecciones y el posible colapso del sistema de salud, el cual ya presenta problemas en las emergencias.
En cuanto al derrame económico, las cifras que ofrece el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) son más que alentadoras, sobre todo si se considera que esta Semana Santa siguió siendo regida por medidas restrictivas, como controles en el aforo de buses, centros turísticos, hoteles, restaurantes, etcétera.
Pese a las restricciones sanitarias, mayoritariamente, conocidas y acatadas por los excursionistas, el Inguat reporta la movilización de Q1.5 millardos, lo que permite a inversionistas y emprendedores iniciar el proceso de recuperación financiera y, por consiguiente, asegurar la continuidad de los puestos de trabajo vigentes.
Según el Inguat, en 2020 el turismo se redujo en -18.8%, comparado con 2019, mientras que para 2021 se proyecta un incremento del 5.7%. Está claro que los procesos de recuperación y reactivación económica marchan a un ritmo pausado, pero también es evidente que los signos empiezan a manifestarse y que este año el país alcanzará una vacunación masiva y sentará las bases de un pronto desarrollo social y económico.
La entrega de la cárcel El Infiernito, prevista para hoy, es un paso enorme en la recuperación del Sistema Penitenciario (SP). El acto, más que una mejora en la infraestructura del centro, encierra un mensaje más profundo, el cual incluye el rescate de la dignidad del Estado.
La entrega de la prisión viene acompañada de otras acciones de singular importancia. Por ejemplo, ya se tienen los agentes entrenados para controlar el presidio y, en breve, se contará con los protocolos y procedimientos para garantizar el orden en el recinto.
De manera paralela, se definen con las operadoras de telefonía los mecanismos que eviten que los reos tengan acceso a celulares e internet, mientras se entrena la nueva promoción de agentes penitenciarios que se hará cargo de resguardar las cárceles.
Sin duda, la toma del control del SP conllevará una mayor reducción de los índices criminales, en especial, de las extorsiones, las cuales intentan crear un clima de zozobra entre empresarios y ciudadanos. Sin embargo, lo más loable de estas medidas es que se recuperará la confianza ciudadana en sus autoridades, algo que parecía imposible hasta 10 meses atrás, cuando las mafias corruptas imponían su ley en los organismos e instituciones del Estado.
Aunque pareciera una obviedad innecesaria, conviene advertir que los citados cambios vienen enmarcados en una política de seguridad democrática, la cual prioriza los derechos individuales y colectivos. De esa cuenta, tal y como reza el plan del Gobierno 2024-2028, la renovación del SP ofrecerá oportunidades de reinserción y de nuevos esquemas que permitan que los reos replanteen sus vidas tras cumplir sus penas.
El control penitenciario no es un asunto solo de fuerza. También requiere correctivos que modifiquen conductas y actitudes, sin que se repita la indolencia gubernamental para ordenar una institución que había sido escuela de delincuentes y mina de oro de cientos de exfuncionarios. La reconquista de El Infiernito es una muestra de que cuando se quiere se puede, del triunfo de la decencia y del amor a la patria.
Como si fuera una serie criminal, de esas que hoy abundan en los servicios de Streaming, los guatemaltecos y la comunidad internacional presencian, con absoluto asombro, la manera en que operó la red de vándalos defraudadores denominada B410.
Poco a poco, los ciudadanos se enteran de las vilezas perpetradas por un grupo de exfuncionarios y dueños de empresas, quienes hicieron su agosto durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
El martes pasado, en un nuevo episodio de esta trama, basada en hechos reales, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad que empezó a escribir el guion de esta red a la que, de momento, se le contabilizan más de 300 millones de quetzales defraudados, denunció a otras 206 empresas. Estas se suman a las 35 querellas presentadas el 13 de agosto pasado.
A la par de documentar nuevos indicios sobre la corruptela, las autoridades de la SAT demandaron la pronta captura de los antagonistas, para llegar a los autores intelectuales de los saqueos, quienes ya han protagonizado historias similares.
En el capítulo más reciente, divulgado ayer, el Gobierno descubrió que varias de las compañías que integran el B410 también defraudaron al Hospital General San Juan de Dios, mediante mecanismos que levantan al expectador de sus asientos. Inventaron remozamientos en lugares inexistentes, los cuales sobrevaloraron. Ni el más audaz de los escritores de novelas negras tendría tanta imaginación.
Pese a lo grotesco de los robos, que sobrepasan los 11 millones 800 mil quetzales, nadie se dio por enterado. Incluidas la auditoría interna del hospital y la Contraloría General de Cuentas, cuyas responsabilidades se centran en velar por el buen uso de los fondos públicos.
De momento, es imposible determinar cuántos capítulos más se escribirán de la B410. Seguramente, no alcanzará una temporada para contar esta historia de abuso y codicia. Pero las preguntas ya flotan en el ambiente: ¿El sistema de justicia será capaz de capturar a los delincuentes? ¿Se entregarán los foragidos? ¿Los juicios se desarrollarán aquí o en un tribunal
estadounidense?
Hay discursos que golpean las conciencias. Que ponen nuestra historia en perspectiva. Puede afirmarse que las verdades no necesitan maquillaje, mientras que las mentiras lo siguen siendo por más bonitas que se presenten.
De esa cuenta, el concepto de seguridad ciudadana durante un sistema democrático es diametralmente distinto al que se tiene en los gobiernos autoritarios. O en tiempos en los que pulula la corrupción.
Para los primeros, el tema está ligado a los derechos humanos, con las garantías individuales y colectivas de toda una nación. No solo para las élites ni exclusivamente para determinados estratos sociales. Los otros ven el asunto como otra manera de saquear el erario. De negociar con los grupos criminales, locales y externos.
Aquí radican las diferencias. Las nuevas formas de gobernar. Reforzar la seguridad en los cascos urbanos es ir por el camino correcto, siempre y cuando no se olviden las poblaciones rurales, las comunidades más apartadas del país, las que han sido invisibilizadas de las políticas públicas.
Hoy, el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación (Mingob), tiene un panorama claro sobre lo que requieren y demandan los ciudadanos. Ahora existe un plan definido que, además, ofrece resultados positivos. Aunque no se quieran ver, pese a los discursos populistas de quienes fracasaron por acción o pasividad.
Abrir la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, ejemplifica cuando el discurso es consistente con los hechos. Habilitar esa sede policial forma parte de una estrategia que ha sido pensada para fortalecer la seguridad en las urbes y en los pueblos originarios. De custodiar a quienes tienen más recursos económicos, pero también a aquellos que carecen de dinero.
Poco a poco, las poblaciones remotas constatarán que valen tanto como cualquiera. Es cuestión de tiempo para que la seguridad deje de ser un privilegio y se torne en un derecho. Llegará el momento en que el Estado vele por todos y todas.
