La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dar con lugar a la acción presentada por el procurador de los derechos humanos en contra del último párrafo del artículo 23 de la Ley General del Presupuesto 2017, el cual establece que los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) deberán realizar un censo previo en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, antes de cualquier entrega de asistencia social.
Mario Montenegro, titular del MAGA, manifestó por medio de un comunicado que, como institución y como representantes del Organismo Ejecutivo estamos satisfechos por la resolución de la honorable Corte de Constitucionalidad; este artículo ha dañado principalmente a las personas más necesitadas de nuestro país, ya que bloqueaba la ejecución de los programas sociales de las entidades responsables.
No estamos en contra de una ley de transparencia. Sin embargo, la manera en que se aprobó dicho artículo, sin tomar en cuenta dejar instalada la capacidad en las instituciones involucradas, sin un presupuesto para realizar el censo y sin percatarse del efecto negativo que tendría el atraso de los aportes, definitivamente nos da la razón, dijo Carlos Vidal, viceministro de Programas del Mides. “Estamos comprometidos a entregar cuentas claras. Tendremos reuniones para establecer estrategias para realizar de manera ágil y eficiente la ejecución de los gastos”, señaló el funcionario.
