Claudette Domínguez, quien tiene a su cargo el Juzgado Primero A de Alto Impacto, rechazó que el Estado de Guatemala sea demandado en el proceso penal contra 14 militares por el caso denominado Creompaz, el cual detalla no menos de 500 desapariciones forzadas.
A consideración de la juzgadora, no es el momento procesal oportuno para el requerimiento por estar en la etapa de investigación.
El Ministerio Público acusa a 14 castrenses, en situación de retiro, de su presunta vinculación con muertes ocurridas entre 1981 y 1988, durante el conflicto armado interno. La Fiscalía afirma que los documentos contienen los indicios que revelan la presunta responsabilidad de los sindicados en los hechos.
Además el ente pesquisidor tiene 7 testigos protegidos que contaron los actos cometidos a personas no combatientes, hombres, mujeres, niños ancianos. Por tales hechos se imputan delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada, que supuestamente ocurrieron en la Zona Militar Número 21, de Cobán, Alta Verapaz.
Los sindicados son: Manuel Benedicto Lucas, Edgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, Carlos Humberto Rodríguez López, César Augusto Cabrera Mejía, Luis Alberto Paredes Nájera, Byron Humberto Barrientos Díaz.
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