EN EL PAÍS
Caso Cooptación: Juez dicta prisión preventiva para 28 implicados
El titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, dictó su resolución este jueves en la audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado. Resolvió que 19 de los 53 sindicados queden bajo arresto domiciliario y el resto sean enviados a prisión preventiva.
El titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, dictó su resolución este jueves en la audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado. Resolvió que 19 de los 53 sindicados queden bajo arresto domiciliario y el resto sean enviados a prisión preventiva.
Quienes fueron beneficiados con medida sustitutiva son los integrantes del grupo denominado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como Financistas. Mientras que a los sindicados en los grupos Equipo, Contratistas y Lavadores se les dictó auto de prisión preventiva.
Para quienes gozarán de medida sustitutiva se dictó arraigo, es decir la prohibición de salir del país sin autorización previa de un juez. Estas personas permanecerán en arresto domiciliario, sin embargo podrán salir de sus viviendas para poder realizar sus actividades laborales.
“El único permiso que tienen es que se pueden trasladar de su casa para su trabajo y de su trabajo a la casa. Si salen de perímetros que se están condicionando se podría revocar la medida sustitutiva y dictar prisión preventiva”, expresó Gálvez.
Entre quienes fueron enviados a prisión se encuentran los militares Manuel López Ambrosio, Ulises Noé Anzueto Girón, la exasistente de Roxona Baldetti, Judith Del Rosario Ruiz Lau, así como Daniela Beltranena Campbell, Dwight Pezzarossi, Rudy Leonel Gallardo Rosales y Emilia Guadalupe Ayuso de León.
Además, hay un grupo que ya está en prisión preventiva por otros casos, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicemandataria Roxana Baldetti, Jonathan Chevez, Julio Rolando Sandoval Cano, Gustavo Martínez y Samuel Aceituno, quienes permanecerán bajo custodia del sistema penitenciario en centros carcelarios.
Con medida sustitutiva:
1. Boris Orlando Navas Aguilar, financiamiento electoral ilícito.
2. Max Roberto Burgos Faillace, financiamiento electoral ilícito.
3. Deni Leonel Linares Juárez, financiamiento electoral ilícito.
4. Boris Linares, financiamiento electoral ilícito.
5. Ana Graciela López Gálvez, financiamiento electoral ilícito.
6. Juan Ortiz Álvarez, financiamiento electoral ilícito.
7. Julio Alejandro Quinto Tobar, financiamiento electoral ilícito.
8. Álvaro Mayorga Girón, financiamiento electoral ilícito.
9. Alberto Rafael de León Escobar, financiamiento electoral ilícito.
10. Edna Maribel Berganza Colindres, financiamiento electoral ilícito. Falta de mérito por asociación ilícita.
11. Marco Antonio Recinos Sandoval, financiamiento electoral ilícito.
12. Rudy Navas Siliézar, financiamiento electoral ilícito.
13. Benjamín González Zepeda, financiamiento electoral ilícito.
14. Jack Irving Cohen, financiamiento electoral ilícito.
15. Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, financiamiento electoral ilícito.
16. Edin Barrientos, lavado de dinero. Falta de mérito por asociación ilícita.
17. Mario Cano, lavado de dinero. Falta de mérito a asociación ilícita.
18. Izmenia del Val Herrera, falsedad ideológica.
19. Francisco Rafael Cetina, lavado de dinero. Falta de mérito por asociación ilícita.
En prisión preventiva:
1. Óscar Ludwin Osorio Ovalle, asociación ilícita y cohecho pasivo.
2. Rudy Leonel Gallardo Rosales, asociación ilícita y cohecho pasivo.
3. Abner Antonio Rodríguez Vásquez, cohecho activo.
4. Emilia Guadalupe Ayuso de León, asociación ilícita y cohecho pasivo.
5. Álex Ricardo Girón Martínez asociación ilícita y cohecho pasivo.
6. Dwight Anthony Pezzarossi García, asociación ilícita y cohecho pasivo.
7. Gustavo Adolfo Martínez Luna, se amplía por asociación ilícita y cohecho pasivo.
8. Denis Leonardo Lam, asociación y cohecho activo.
9. Karl Christian Kaeller de León, cohecho activo.
10. Julio René Barrios Ortega, cohecho activo.
11. Walter de Jesús López Acevedo, asociación ilícita y cohecho activo.
12. Byron Enrique Barrera Menéndez, cohecho activo.
13. Héctor Hugo Solano Morales, cohecho activo.
14. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, financiamiento electoral, y falta de mérito por cohecho activo.
15. Miguel Ángel Martínez Solís, asociación ilícita y cohecho activo.
16. Dani Cronwel Gento Mayorga, asociación y cohecho activo.
17. Juan Carlos Salguero Barrientos, cohecho activo.
18. Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar, asociación ilícita y lavado de dinero.
19. Daniel Estuardo Ángel Calderón, asociación ilícita y lavado de dinero.
20. Juan Abner Fonseca Galicia, asociación ilícita y lavado de dinero.
21. Judith del Rosario Ruiz Blau, asociación ilícita y lavado de dinero.
22. Daniela de la Luz Beltranena Campbell, asociación ilícita y lavado de dinero.
23. Julio César Aldana Franco, asociación, lavado de dinero, y cohecho activo.
24. Mario Rodolfo Contreras Díaz, asociación ilícita y lavado de dinero.
25. Juan de Dios Rodríguez, asociación y lavado de dinero.
26. Ulises Noé Anzueto, asociación ilícita y lavado de dinero.
27. Mauricio López Bonilla, cohecho pasivo, asociación y lavado de dinero.
28. Manuel Augusto López Ambrosio, asociación ilícita y lavado de dinero.
EFE
La Corte Suprema de Justicia programó para septiembre de 2025 una audiencia para discutir sobre la repetición de un juicio por lavado de dinero contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien clama su inocencia y está detenido desde julio de 2022.
Sobre Zamora Marroquín, fundador en 1996 del rotativo ya extinto El Periódico, que publicó cientos de investigaciones de corrupción estatal, hay al menos tres procesos judiciales distintos ordenados por el Ministerio Público, incluido el de lavado de dinero por el que fue sentenciado a 6 años de cárcel el 12 de junio de 2023, un fallo que fue anulado el 12 de octubre de ese mismo año por una sala de apelaciones que debido a errores procesales.
El periodista, de 67 años y reconocido internacionalmente por tres décadas investigando la corrupción en Guatemala, intentaba que el Supremo conociera los retrasos y recursos judiciales que han bloqueado la repetición del juicio por un supuesto lavado de dinero en su contra.
La programación, por parte de la Cámara Penal del Supremo, de la audiencia para el 23 de septiembre de 2025 «es una violación a su presunción de inocencia”, aseguró este jueves José Carlos Zamora, hijo del periodista, que acumula 788 días en una prisión en el norte de la Ciudad de Guatemala.
Con la última medida del Supremo, el Estado de Guatemala está “asumiendo una grave responsabilidad internacional” porque para septiembre de 2025 su padre habría cumplido más tiempo en prisión que la tentativa condena que podrían darle, agregó José Carlos Zamora.
Zamora Marroquín fue encarcelado el 29 de julio de 2022, solamente cinco días después de publicar un editorial en su medio, El Periódico, donde acusaba de corrupción al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
Las acusaciones contra Zamora Marroquín las lidera el Ministerio Público (Fiscalía), encabezado por fiscales sancionados por corrupción y prácticas antidemocráticas por el Gobierno de Estados Unidos.
Zamora Marroquín fue el ganador en mayo pasado del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2024 de periodismo, que se entrega cada año en Colombia por la fundación creada por el escritor Gabriel García Márquez.
Derivado de su encarcelamiento, El periódico, el matutino de su propiedad que publicó más de 300 reportajes sobre corrupción desde 1996, se vio forzado a cerrar el 15 de mayo de 2023.
EN EL PAÍS
Supervivientes de violaciones durante conflicto armado piden en la ONU el fin de la impunidad
Anisia Gil
La impunidad por las violaciones y otros abusos perpetrados en los conflictos afecta a la vida de decenas de miles de mujeres en el mundo, como lo han relatado en la ONU y en primera persona sexagenarias indígenas supervivientes de la violencia sexual durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996).
Conocidas como «las abuelas de Sepur Zarco», estas mujeres han roto treinta años de silencio e hicieron historia en 2011 al presentar ante un tribunal nacional el primer caso de esclavitud sexual en el marco de un conflicto armado.
Una de ellas es Demecia Yat, de 69 años y representante del colectivo Jalok U, formado por mujeres de la comunidad maya q’echí de Sepur Zarco, al noreste de Guatemala, que tienen en común haber sido violadas y tomadas como esclavas sexuales por el ejército.
En dicho poblado, que estaba habitado por unas 15 familias de esta etnia, se establecieron seis destacamentos militares, lo que resultó en docenas de hombres detenidos y desaparecidos tras ser señalados como guerrilleros y de mujeres esclavizadas.
«Estamos aquí para exigir que se luche y para que las mujeres jóvenes indígenas de nuestra comunidad tengan una vida diferente», comentó a EFE la activista Demecia, momentos después de haber tomado la palabra en el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne actualmente en Ginebra.
El juicio concluyó en 2016 con una sentencia sin precedentes que condenó a dos excomandantes por crímenes de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud) a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.
La sentencia del caso Sepur Zarco también incluyó 18 medidas de reparación que tenían por objetivo mejorar las condiciones de vida de las supervivientes y sus comunidades al garantizar su acceso a la salud, la educación y otros servicios esenciales.
Sin embargo, han pasado ocho años desde la sentencia y las organizaciones que apoyaron su causa denuncian que varias de esas medidas han quedado «en papel mojado», condenando a muchas de estas mujeres a seguir viviendo en condiciones de pobreza extrema.
Demecia pidió que su caso se convierta en una referencia internacional para que otras víctimas de violencia sexual puedan obtener justicia transicional, especialmente las mujeres indígenas, que en muchos casos se enfrentan a una doble discriminación por su condición de mujeres y de una minoría étnica.
«Queremos recordar que es importante buscar la justicia, alzar la voz y decir que ya no podemos continuar con estas formas de violencia que enfrentamos como mujeres indígenas», insistió.
En esta misma línea habló Carmen Xol, otra de las supervivientes del caso Sepur Zarco, que relató entre lágrimas que son muchas las mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia sexual como arma de guerra.
La representante de ONU Mujeres en Guatemala, Gloria Carrera, cuyo organismo ayudó a estas activistas a viajar a Ginebra, lamentó que a pesar de la sentencia a su favor y de las acciones que el Estado debía tomar en favor de la comunidad indígena de Demecia y Carmen, persisten los problemas para recibir una educación o tener acceso a la salud.
Sostuvo que faltan recursos económicos y coordinación entre los distintos ministerios de Guatemala, pero también apoyo de la comunidad internacional para sostener los logros conseguidos.
Durante la presente época de lluvias, autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) han registrado 50 centros educativos con daños.
De acuerdo al informe de CONRED, los departamentos en donde se han rreportado más centros educativos afectados son: Alta Verapaz (11), Guatemala (9), Huehuetenango (6), El Progreso (3), Jutiapa (3) y Petén (3).
Ante las condiciones climáticas pronosticadas, se mantiene la posibilidad que los incidentes incrementen, por ello la SE-CONRED recomienda a la población revisar o hacer su Plan Familiar de Respuesta, identificar las áreas seguras y de riesgo en su comunidad y reportar cualquier situación de emergencia o desastre al 119 de CONRED.
