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«Caso Chicamán»: exempleada judicial rompe el silencio
El Juzgado C de Mayor Riesgo recibió la declaración de una extrabajadora de la Municipalidad de Chicamán, Quiché, quien laboró desde 15 de abril de 2009 como bibliotecaria, y en 2010 fue trasladada al área de tesorería, donde trabajó como receptora.
La testigo señaló al exalcalde Roberto Candelario Gamarro Alvarado de haberla citado al despacho y solicitarle el número personal de su cuenta bancaria aduciendo que no tenía chequera, y a partir de ese momento empezó a recibir sumas de dinero, las cuales posteriormente debía entregárselas personalmente.
“Ese dinero salió por medio de diversos cheques y diversas personas, y fue así como me involucró”, dijo durante la audiencia. Asimismo, explicó que en una ocasión el financiero Carlos Enrique Noriega Gamarro le solicitó que le consiguiera a una persona de confianza para que le prestara su cuenta bancaria, y ella le dio el número de la hermana, quien también recibió depósitos. Las sumas recibidas iban desde Q8 mil hasta Q15 mil.
La diligencia fue realizada por el MP luego de que por medios financieros se estableciera que la declarante había recibido dinero de esa comuna.
Ligados a proceso
En este caso, denominado Fraude en la Municipalidad de Chicamán, están procesadas 14 personas; entre ellas, el exalcalde de Chicamán Roberto Candelario Gamarro, la exdiputada Emilenne Aquino Mazariegos, Sergio Enríquez Garzaro, Ana Patricia Mazariegos Sánchez y Fernando José Siliézar Mena.
También enfrentarán proceso penal Érick Siliézar Mena, Ángel García Javier, Wálter Gamarro Girón, Joaquín Gamarro Alvarado, Osman Gamarro Alvarado, Raúl Mazariegos Sánchez, Luis García Segovia, Víctor Enríquez Morales y Áxel Reginaldo Gamarro Alvarado.
Entre los delitos que se les imputan están asociación ilícita, fraude, peculado y lavado de dinero u otros activos.
Según la investigación, los involucrados aprobaron en 2012 un préstamo por Q11 millones destinado a la conducción, distribución y mejoramiento de la red de agua potable en 4 aldeas de Chicamán.
Luego, el Concejo Municipal autorizó el cambio del destino de los recursos solicitados para 5 proyectos y se realizó un segundo préstamo por Q10 millones.
El total de los proyectos tenía un valor de Q16 millones 515 mil 658.66, de los cuales no se ejecutaron Q2 millones 652 mil 380.03.
Foto: Francisco Jiménez
Dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron aprehendidos ayer, por formar parte de un “caso gravísimo”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de su cuenta de X.
El jefe de la cartera del Interior explicó que un equipo antisecuestros desarrolló la captura de quienes señaló como “dos malos agentes”. “No puedo creer que a las autoridades anteriores les diera miedo entrarle a estos casos”, puntualizó el funcionario en el texto.
La decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo de reducir la condena del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a un tiempo menor al establecido en primera instancia, solo incrementa la percepción de un sistema cooptado, porque “se sigue un patrón sistemático, en el cual la justicia favorece a los implicados en casos de corrupción”, señaló Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
Según Marroquín, la reciente resolución “es una muestra más de cómo el sistema judicial parece operar en beneficio de las redes de corrupción”, y afirmó que la impunidad de los corruptos “es una batalla desgastante”.
Como se recordará, el proceso legal contra Benito por el caso de los 122 millones de quetzales localizados en una casa en La Antigua Guatemala ha sido una montaña rusa de decisiones, desde la declaración de culpabilidad del imputado en febrero pasado, luego un aumento de la pena por parte de la Sala de Apelaciones, y finalmente una nueva reducción de la condena y multa.
Ante el constante robo de transportes pesados con la utilización de tecnología, los empresarios han incrementado su seguridad y servicios de rastreo, aunque no descartan que las organizaciones criminales mejoren sus técnicas.
Las ciencias aplicadas se han convertido en un aliado de las bandas criminales, que a través de aparatos que bloquean la señal GPS atracan los furgones. Llamó la atención de la Asociación de Transportistas Internacionales que en uno de los últimos hechos delictivos se encontró un dispositivo profesional para entorpecer el sistema de posicionamiento.
“Por ello hemos tenido pérdidas millonarias durante mucho tiempo”, expresó uno de los afectados y miembro de la gremial, quien no quiso identificarse por temor.
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