Foto: SCSPR
Los 300 millones de quetzales evadidos en impuestos al valor agregado (IVA), como lo refleja el caso B410, pudieron haberse invertido en educación, salud e infraestructura, según un análisis del Organismo Ejecutivo.
Otro dato que dio a conocer el Gobierno, por medio de un video, es que en el caso La Línea se evadieron 37 millones de quetzales en IVA. Pero, “el megafraude (denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- el pasado 14 de agosto) es 10 veces más que el del primero”.
El remozamiento de escuelas, la falta de escritorios, computadoras y más raciones de alimentos para estudiantes pudieron ser cubiertos con ese dinero, detalla el material. También, se habrían adquirido puentes Bailey y construido centros de salud equipados. Sin embargo, esos fondos fueron a parar al bolsillo de quienes no les interesa el bienestar del país.
Preocupa el robo
Este caso, que consiste en que 410 empresas habrían defraudado 300 millones de quetzales, descubierto por la SAT, “es preocupante para los guatemaltecos que pagamos impuestos. El costo de oportunidad de los recursos siempre es alto porque el país tiene muchas necesidades y pocos recursos”, expresó María del Carmen Aceña, exministra de Educación y directiva del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Según la entrevistada, lo importante es que se detectó. “Esperemos que esto ponga en autos a la Superintendencia para que no vuelva a suceder”, afirmó Aceña.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, manifestó que debido a tanto fraude cometido contra el Estado en los últimos 12 años (tres gobiernos pasados), el país no tiene escuelas adecuadas para los niños, medicina en los hospitales y carreteras en buen estado.
“Hoy, todos los ciudadanos estamos sufriendo las carencias de estos servicios”, agregó el analista. Insistió en que el Gobierno debe seguir divulgando más detalles del caso, hasta obligar al Ministerio Público (MP) que investigue.
Caiga quien caiga
El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, explicó que el monto defraudado por la red denominada B410 podría llegar a los 800 millones de quetzales, dado que las auditorías continúan. Por ello, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera revisa los contratos con los proveedores del
Estado. Esto, de acuerdo con lo informado días atrás, está en manos de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).
