El dato es contundente: el 65.5 por ciento de los conductores de carros y motocicletas, en el ámbito nacional, no cuenta con licencia vigente, lo que representa un importante desafío y un factor que incide en la inseguridad vial.
De acuerdo con datos oficiales, el total de motocicletas y vehículos en Guatemala suma 5 millones 543 mil 45, mientras que las licencias extendidas alcanzan 1 millón 915 mil 512. Una simple relación entre estas cifras permite concluir que los permisos de conducir equivalen al 34.5 por ciento de automotores, aunque no
necesariamente significa que el 65.5 por ciento de pilotos conduzca sin licencia, pero sí evidencia que un alto porcentaje transgrede las leyes de tránsito.
Lo anterior se desprende de la explicación que hace la Dirección de Comunicación Social del Departamento de Tránsito, de la Policía Nacional Civil (DT-PNC). Dicha institución advierte que un propietario regulado puede tener más de un transporte propio.
Cuando los números se desgregan por tipo de automotores, la situación deja otra información. Hay 2 millones 644 mil 445 vehículos particulares activos y 1 millón 155 mil 150 solvencias (el 43.7 por ciento).
En el caso de las motos, la proporción es la siguiente: 2 millones 898 mil 600 unidades reportadas, de las que 760 mil 362 poseen título activo, lo cual implica un 26.2 por ciento de estos transportes.
Según expertos consultados, esta situación evidencia un alto nivel de incumplimiento de la normativa y sugiere que un porcentaje significativo de personas al volante carece de la capacitación básica en cuanto a reglas de tránsito y seguridad vial.
Campañas informativas
Comunicación social de la DT-PNC reitera que las cifras exactas son difíciles de determinar; no obstante, reconoce el problema que representa el acelerado crecimiento que estos transportes han tenido en la última década, que supera las certificaciones.
En ese escenario, informan que desde 2024 (cuando asumió este gobierno) se redoblaron los esfuerzos de prevención, mediante capacitaciones, campañas de concienciación y operativos de control. Esto último dejó como resultado que el 50 por ciento de las sanciones impuestas fue por la falta de permisos de manejo, siendo las de motocicletas el principal foco, con el 52 por ciento de remisiones.
Asimismo, mencionan que el Estado cuenta con 400 agentes de tránsito para cubrir el país, lo que equivale a un promedio de 14 mil vehículos por cada colaborador. Advierten que en el próximo semestre prevén aumentar el número y fortalecer la supervisión en las delegaciones departamentales.
Además, las autoridades realizan reuniones mensuales con directores de tránsito municipales, con el fin de evaluar estrategias y reforzar la operatividad.
Otro desafío que existe es la falta de cultura vial, especialmente en adolescentes que manejan motocicletas, quienes van sin las protecciones debidas ni los documentos pertinentes. Esta situación se agrava en áreas rurales, donde no ven necesidad de obtener licencias.
Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala, afirma que el 55 por ciento de los conductores involucrados en accidentes en el distrito que cubren no cuenta con consentimientos de manejo. Manifiesta que el reglamento, que rige desde hace 20 años, limita regular este tipo de locomoción.
Montejo agrega que las actuales penalizaciones no disuaden y cita ejemplos: conducir sin autorización cuesta 400 quetzales, con un descuento del 25 por ciento. Asegura que esto dificulta imponer medidas efectivas ante una normativa obsoleta, que no contempla la tecnología ni nuevas formas de transporte.
El portavoz enfatiza en que la falta de mayores fiscalizaciones impacta en el desarrollo urbano, ya que los percances provocan retrasos, disminuyen la productividad y afectan el traslado a servicios.
Dice que para contrarrestar estos inconvenientes, Emetra, Provial, la Dirección General de Transporte, la DT-PNC y la Procuraduría de los Derechos Humanos trabajan en acciones conjuntas que buscan reducir accidentes y garantizar el cumplimiento de protocolos de tránsito.
“En Guatemala se ve la prevención como un gasto innecesario, cuando en realidad evita tragedias y crisis económicas familiares”. Ninotchka Matute Concejal VIII por Semilla
Opiniones de expertos
César Bol, representante de la Alianza Guatemalteca por la Seguridad Vial, insiste en que la falta del citado documento es un factor clave en la alta incidencia de percances, especialmente entre motociclistas, quienes están involucrados en más del 50 por ciento.
Bol enfatiza en la urgencia de abordar el tema que, subraya, agrava los accidentes. Expone que el país es el único de Latinoamérica sin un reglamento que proteja a las víctimas. Por ello, recalca la necesidad de un enfoque integral que no solo atienda las consecuencias, sino que también fortalezca la prevención.
Asimismo, llama a fortalecer la vigilancia y concienciación, pues algunos ciudadanos no solo carecen de habilitación de manejo, sino que incumplen con el reglamento y tampoco poseen seguro de responsabilidad civil.
Alejandro Williams, experto en consultoría vial, califica de preocupante la situación. Remarca que el permiso debería garantizar que quienes están detrás del volante posean conocimientos mínimos indispensables para circular de forma segura.
“Las estadísticas revelan un panorama desalentador”, sentencia Williams. Menciona que los motociclistas son un sector particularmente vulnerable, que transita sin permiso y, en pocos casos, asociado a la delincuencia.
Ambos expertos analizaron el trágico suceso en la calzada La Paz, donde 54 personas perdieron la vida. Coinciden en que este evento puso de manifiesto la problemática que generan las licencias inadecuadas, el mantenimiento deficiente de los autobuses y otros factores que causaron luto en numerosas familias. Sin embargo, reparan que, a diferencia de la mayoría, los afectados y deudos recibieron los apoyos económicos para enfrentar esa circunstancia.
Rafael Valladares, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CEUR-USAC), opina que los valores que muestran las estadísticas reflejan, en buena medida, la cantidad de accidentes que ocurren diariamente y la morbilidad que gira alrededor.
Valladares anota que la preocupación no debe centrarse en las multas y en las normas de tránsito. Agrega que debe haber mayores exigencias en las compras.
“Las municipalidades deben desempeñar un papel más activo y fortalecer sus entidades de tránsito”. Oscar Girón Concejal IX por Winaq
Otras visiones del problema
Ninotchka Matute, concejal VIII de la comuna capitalina, dice que conductores de transporte público y motocicletas operan sin la capacitación adecuada ni las licencias correspondientes, lo que convierte a los vehículos que manejan en
potenciales armas mortales.
Además, repara en el problema social que ello genera. “No solo incrementan los accidentes, sino sobrecargan los hospitales y afectan la economía de las familias y del Estado, que deben asumir los altos costos médicos”, apunta.
Matute critica la falta de rigurosidad en la regulación y fiscalización de las instituciones encargadas de velar porque los pilotos cumplan las normativas.
Óscar Girón, concejal IX de la comuna citadina, recuerda que contar con licencia es la norma más básica que debe cumplirse. Cree que el hecho de que existan los registros señalados evidencia el poco temor de quienes infringen las leyes. Puntualiza que las municipalidades deben desempeñar un papel más activo y fortalecer sus entidades, con el fin de que estas conductas sean sancionadas. Invita a promover más programas que cultiven la educación vial.
Según Rafael Valladares, del CEUR-USAC, para reducir la siniestralidad y sus consecuencias debe existir una mayor coordinación entre la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con las dependencias que emiten licencias y las policías municipales que tienen la responsabilidad de constatar la correcta circulación.
Valladares agrega la necesidad de que se fiscalice de manera más certera el buen estado de los vehículos.
Compensación obligatoria
El experto en consultoría vial Alejandro Williams confía en que se retome la implementación del seguro obligatorio, al considerar que ahora se conocen mejor los argumentos de quienes se opusieron.
Resalta la urgencia de proteger a las víctimas, quienes sufren las consecuencias de la ausencia de regulaciones que castiguen a los infractores. Asimismo, defiende la póliza como medida crucial para apoyar a los fallecidos, heridos y mutilados, mientras se abordan las causas subyacentes como el estado de las vías y perfil de los pilotos.
El consultor lamenta la desinformación que rodeó el debate sobre la imposición de un seguro contra terceros afectados, impulsada, según su perspectiva, por intereses particulares y una falta de cobertura mediática adecuada a las voces a favor de la medida.
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