Luego de un debate jurídico para determinar si la aprobación de las concesiones de servicios públicos le corresponde al Organismo Legislativo o, derivado de la autonomía municipal, a los concejos, la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó ayer que el asunto concierne a las corporaciones, sin tener que
requerir del Congreso.

La CC resolvió el recurso de cuestión de competencia, y con ello habilitó a las 340 comunas del país a tomar las citadas decisiones y, a la vez, ratificó la independencia local, ya establecida en el Artículo 74 del Código Municipal que reza: “La facultad para otorgar a personas individuales o jurídicas la concesión de la prestación de servicios públicos municipales que operen en su circunscripción territorial, con excepción de los centros de acopio, terminales de mayoreo, mercados municipales y similares”.

340 ayuntamientos fueron favorecidos con el fallo.

Al respecto, la concejal VIII de Semilla en el Concejo capitalino, Ninotchka Matute, enfatizó que lo determinado fortalece la autonomía del poder local y, por lo tanto, “es una buena noticia. Se eliminan contrapesos y da libertad a estas instituciones”.

Sin embargo, señaló que “eso, sabemos bien, se presta para malos manejos e iniciativas que favorezcan a determinados actores privados en detrimento de lo público”.

El analista Luis Linares, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asies), coincidió en que el autogobierno de los ayuntamientos está amparado por el código específico y con el voto honorable se aprueban las concesiones. “En ese sentido, no deben pasar por el Parlamento, sino con base en lo que establece dicha normativa”, detalló.

Además, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero Asturias, manifestó que lo emitido por la Corte será de gran ayuda para el desarrollo de las municipios.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Mario León

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), solicitó el retiro de antejuicio en contra de Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de documentos falsificados, luego de que compareció en enero de 2020 a una graduación donde no llenaba los requisitos de la Universidad Da Vinci.

Según informó Rafael Curruchiche, fiscal encargado, el señalado habría presentado ante la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del órgano electoral documentos certificados para
constar que poseía el grado académico de doctor en Derecho Constitucional, sin tener los estatutos y reglamento que se establecen en la referida casa de estudios.

Ante este señalamiento realizado por el ente investigador, se buscó la versión del togado; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Más acciones

También, la FECI requirió al Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal la citación a primera declaración del exdecano de la Universidad Da Vinci, Juan Carlos Rodil Quintana, por la posible comisión del delito de falsedad ideológica.

Por otra parte, Renzo Rosal, politólogo, destacó que el MP utiliza estas diligencias “a su conveniencia”, debido a que este caso se hizo público en 2021 “y, aunque se tienen evidencias, hasta ahora las utilizan por el interés en contra de los magistrados”; y cuando se habla de falsificación de documentos, “la propia fiscal general, María Consuelo Porras, y otros funcionaros han utilizado los mismos recursos. A algunos se les señala y a otros no”, explicó.

Porras fue evidenciada, años atrás, por el plagio de su tesis doctoral, la cual fue una de las tachas que recibió para que no fuera incluida en el proceso de selección cuando terminó reeligiéndose como jefa del MP. 

Giovanni Pérez Fotógrafo: Archivo

El amparo promovido por el bloque Vamos fue resuelto en definitiva ayer por la Corte de Constitucionalidad (CC), con lo que fue confirmado que los diputados electos por el partido político Movimiento Semilla se mantienen como independientes.

El recurso fue presentado el 25 de enero pasado y, según la resolución, el acto reclamado por
Vamos señalaba una posible amenaza de la emisión de algún acuerdo con el que se pretendiera restablecer a los parlamentarios de Semilla como bloque.

En el recurso, también se destacaba la posibilidad de que se emitieran acuerdos legislativos mediante los cuales se pudiera efectuar la distribución de las comisiones de trabajo y la designación de dignatarios electos por Semilla como sus presidentes; por lo cual, la Corte dejó en firme lo solicitado.

23 escaños logró Movimiento Semilla el año pasado.

Ataque continuo

Por su parte, el parlamentario electo por Semilla Samuel Pérez Álvarez recalcó que han visto un ataque sostenido por parte de la CC en contra de la bancada, “con fundamentos que no conoce de fondo y que solo ve un tema de forma”, pero aún quedan pendientes otras acciones por presentar, advirtió.

El máximo tribunal del país indicó que el amparo fue requerido por Allan Rodríguez, Greicy Doménica de León, Héctor Aldana Reyes y Víctor Valenzuela Argueta, en calidad de diputados del Congreso de la República.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Danilo Ramírez