Garantizar la inversión y el empleo que producen los proyectos extractivos e hidroeléctricos en el país, fue la petición que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) hizo ayer a los tres poderes del Estado.
Antonio Malouf, presidente del Cacif, les solicitó a las cortes de Justicia coherencia en los fallos emitidos, pues se contradicen entre sí, llegando al extremo de suspender las operaciones de una empresa.
En tanto, pobladores de la comunidad La Puya manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad, en rechazo a la revocatoria del amparo provisional que detuvo las operaciones de las hidroeléctricas Oxec I y II.
Leticia Teleguario, ministra de Trabajo, indicó que la Guía de Estándares Básicos para las Consultas a Pueblos Indígenas servirá para que los tres organismos elaboren la iniciativa de ley para regular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
