La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) presentó, en marzo pasado, el borrador de la Política Nacional de Seguridad Privada, una hoja de ruta que busca reformar este sector durante la próxima década.
El director de la institución, Jorge Santizo, detalló los ejes de esta propuesta, que incluye la profesionalización de los guardias, mayor fiscalización a las empresas prestadoras del servicio y el uso de nuevas tecnologías para transparentar el funcionamiento del
sistema.
“El guardia es quien presta el servicio, y debe contar con contrato, salario digno, acreditaciones y condiciones adecuadas”.
¿En qué consiste esta política?
Es una respuesta a lo que establece la ley, que asigna al director la responsabilidad de presentar al ministro de Gobernación una propuesta de política de seguridad privada. Se trata de un instrumento de planificación a diez años, que establece acciones para fortalecer el sector, mejorar los controles y aumentar la supervisión.
¿Cuáles son los ejes principales?
Uno de los pilares es la actualización en la formación de los guardias, para garantizar que cuenten con conocimientos básicos. También se incluye la sistematización de trámites e información dentro de la Digessp, y mecanismos de supervisión constantes. Además, evaluaremos el uso de nuevas tecnologías para fiscalizar, regular y profesionalizar el sector, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de la normativa.
¿Estas acciones están relacionadas con la dignificación del guardia?
Sí. El guardia es quien presta el servicio, y debe contar con contrato, salario digno, acreditaciones y condiciones adecuadas. Queremos que se sienta motivado a permanecer en las empresas y aspire a la profesionalización.
“La sistematización de trámites nos permitirá un control más preciso y menos subjetivo.”
¿La digitalización también combate la competencia desleal?
Exactamente. La sistematización en línea, que ya está en marcha desde el año pasado, permitirá consultas y fiscalización en tiempo real. Eso nos ayuda a evitar decisiones subjetivas y facilita el control de las empresas.
¿Se trabaja con otras instituciones en este proceso?
Sí. Avanzamos hacia la interconexión remota con entidades como el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Registro Mercantil, Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), la Policía Nacional Civil ( PNC), el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El objetivo es que todas compartan información actualizada y precisa.
¿Qué beneficios ofrece esta política?
Ataca el servicio ilegal y la competencia desleal. Muchas empresas operan sin autorización o incumplen la ley para ofrecer precios bajos. Esta política busca que todas trabajen bajo el mismo marco: licencia vigente, guardias acreditados, contrato, salario mínimo y prestaciones.
¿Quiénes participaron en la elaboración?
Convocamos a representantes del sector privado, usuarios del servicio, cámaras empresariales, sociedad civil y actores estatales. Todo bajo la coordinación de la Digessp y con el aval del Ministerio.
¿Qué falta?
Se deben completar los procesos administrativos para su aprobación. Luego se publicará, esperamos que en dos o tres meses, y se establecerán mesas de trabajo permanentes para dar seguimiento a las metas y evaluar avances.
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