Las extorsiones y el sicariato han flagelado a los guatemaltecos, y han cobrado vidas, además del dinero recaudado de esta forma ilícita. Por ello, el empeño de las autoridades del Ministerio de Gobernación por ponerle diques a esta corriente delictiva y el esfuerzo de seguridad y de Inteligencia para trazar planes y estrategias para enfrentar el problema.
El Congreso también se ha preocupado por estos temas de seguridad interna, por lo que llamó al jefe de la cartera del Interior, Francisco Rivas, para que informe acerca de los esfuerzos que se hacen; así que por él se supo que 12 estructuras delictivas que operan desde el interior de cárceles del país están siendo investigadas.
Las redes operan a partir de órdenes que salen del interior de los reclusorios de varones, las cuales son ejecutadas por miembros de clicas que están en libertad y llegan a los puntos señalados y con las personas seleccionadas para requerirles pagos por distintos motivos: el expendio de productos, transporte de personas, así como por seguridad personal y familiar.
Han sido meses de investigación y seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad, para dar con unos 9 mil capturados de 30 estructuras criminales, que han sido encartados por extorsiones y sicariatos, que deberán enfrentar los procesos judiciales respectivos, de acuerdo con los resultados reportados en mayo de este año.
El artículo 261 del Código Penal manda que por el delito de extorsión la pena otorgada sea de entre 6 y 12 años de prisión inconmutables, para quien “para procurar lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o amenaza directa o encubierta (…) obligue a otro a entregar dinero o bienes…”
Desde hace un año el Ministerio Público facilitó una aplicación para dispositivos móviles llamada Denuncias MP Extorsiones, distribuida por GooglePlay de manera gratuita, que fue creada con el propósito de prevenir y denunciar extorsiones y actos violentos en torno a estas.
El Ministerio de Gobernación también trabaja en la propuesta de una ley que regule la recepción de señales telefónicas en las cárceles, con el propósito de impedir la comunicación de reos con operadores de clicas en el exterior. Todo este trabajo, para cumplir con el mandato constitucional de dar seguridad al ciudadano.
Deja un comentario