Fotos: cortesía Minfin
Con el objetivo de garantizar a la población el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, solicitó apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la implementación del Programa para la Infraestructura de Electrificación Rural (PIER), el cual se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso, cuyo objetivo es aumentar la cobertura eléctrica en las zonas rurales al ampliar la conexión de nuevos usuarios por medio de la construcción de tres redes de distribución.
En la actualidad, cerca de 400 mil residencias guatemaltecos carecen de electricidad, de los cuales un aproximado de 287 mil se iluminan con lámparas de gas, velas o queroseno y usan leña para cocinar y calentar el hogar, alternativas que generan grandes emisiones de CO2 e impactan de forma negativa en la salud de las familias.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación intradomiciliaria derivada del uso de combustibles contaminantes, principalmente leña, son responsables de cerca de 4 millones de muertes al año a escala global e incrementan en alrededor de 31 por ciento el riesgo de enfermedades cardiacas y respiratorias. En el país, se estiman 5100 defunciones anuales asociadas con la contaminación del aire en las viviendas.
3 departamentos tienen cobertura superior al 96 por ciento.
Además, en el territorio nacional, la población sin servicio de cobertura eléctrica se concentra en las áreas rurales, con mayores indicadores de pobreza.
Mientras los departamentos más urbanizados como Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla tienen coberturas superiores al 96 por ciento, las jurisdicciones con mayor población rural como Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango tienen índices de cobertura de entre 48 y 81 por ciento; asimismo, Guatemala se ubica como el tercer país con menor grado de electrificación en la región, solo seguido por Honduras (85.02) y Haití (45.37).
ODS
Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el acceso a electricidad es una de las condiciones básicas para reducir la pobreza, al tener una influencia transversal sobre las dimensiones básicas de desarrollo humano de un país. Contar con energía permite mejores condiciones de atención hospitalarias, más servicios de saneamiento y agua, acceso tecnológico en aplicaciones de educación y conectividad, entre otros beneficios. También promueve el desarrollo económico, para facilitar una mejora en la productividad y, por tanto, también en los ingresos y oportunidades laborales de los hogares.
A corto y mediano plazos, genera empleos durante la construcción de las redes y facilita el desarrollo de emprendimientos productivos y/o de servicios, tales como pequeños talleres, venta de productos que necesitan refrigeración, impactando significativamente en la alimentación de los pobladores, ya que pueden almacenar alimentos y medicamentos. La electrificación también fomenta un aumento en la productividad en la agricultura, facilitando, por ejemplo, actividades de riego y procesamiento de productos.
• Con información del Minfin
