EN EL PAÍS
Buscan impacto sostenible en la cuenca del Motagua
Más de 30 organizaciones ambientales se unieron para impulsar acciones de rescate.
El Palacio Nacional de la Cultura fue el escenario donde se llevó a cabo la firma del convenio interinstitucional multisectorial, para la creación de la Alianza por la cuenca del río Motagua, que se suma a los esfuerzos que efectúa el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el titular del MARN, Gerson Barrios, la citada coalición es el resultado de ejercicios realizados a lo largo del año, con el fin de socializar el Acuerdo Gubernativo 164-2021 y el Reglamento 236-2006, que abordan el tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales.
El trabajo se ejecuta de manera conjunta con el Gobierno, municipalidades, apoyo comunitario y otros actores, indicó el funcionario. Barrios añadió que más de 30 organizaciones ambientales participan en dicho acuerdo, que intervendrá el cauce, que atraviesa 95 municipios e impacta a más de 5 millones de habitantes.
“El trabajo se realiza de manera conjunta con el Gobierno y otros actores.” Gerson Barrios Ministro de Ambiente
Instituciones de sociedad civil y sectores público y privado, así como cooperación internacional se unen para colaborar y alinear esfuerzos para recuperar la hoya del Motagua, por medio de medidas como el manejo integral de desechos sólidos, explicó Jeanne Samayoa, de Haciendo Eco.
A decir de Samayoa, el afluente tiene 422 kilómetros de largo, con un impacto binacional, y su contaminación se vislumbra como una crisis ecológica que requiere de la colaboración de todos para cambiar, desde generar cultura y educación para el manejo de los residuos hasta infraestructura para mejorar las condiciones del vertedero de la zona 3, que tiene una incidencia directa en el Motagua.
El citado manto tiene una superficie de 12 670 km² y su caudal nace en el altiplano de Guatemala y discurre hacia su desembocadura en el Atlántico, donde parte de su cauce es compartido por Honduras.
Con el fin de garantizar la profesionalización integral, con pertinencia, calidad y acreditación académica del talento humano, fue reformado el Reglamento del Régimen Educativo de la Policía Nacional Civil (PNC) por medio del Acuerdo Gubernativo 155-2024.
El nuevo texto fue publicado el viernes pasado en el Diario de Centro América y modifica el Acuerdo Gubernativo 102-2023 de manera que se adapte a las necesidades del servicio policial con el objetivo de dinamizar el funcionamiento de la institución en arreglo a los requerimientos de la población
guatemalteca.
La normativa establece los cursos que deben cumplir los agentes, tanto para formación de los aspirantes como los de ascensos en sus respectivos grados.
En el caso de los que buscan ingresar por primera vez a la institución, la asignatura básica tendrá una duración mínima de ocho meses calendario.
Respecto de la enseñanza que deben cumplir los uniformados que busquen un escalafón más alto, el tiempo mínimo para cubrir los conocimientos que requerirá para sus nuevas responsabilidades, será de tres meses. El acuerdo cobró vigencia el sábado 5 de octubre.
Por medio de un equipo multidisciplinario, el Gobierno de Guatemala mantiene el apoyo humanitario a familias de Chiapas, México, refugiadas en Cuilco, Huehuetenango, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Entre las acciones más recientes está la renovación de 60 prórrogas para migrantes que ya se encontraban en proceso de recibir asistencia, de acuerdo con un reporte del IGM.
Además, se registraron seis nuevos casos de desplazados, alcanzando un total de 66 personas atendidas. En julio pasado llegó el primer grupo de mexicanos al citado lugar, cuando huyeron de la violencia en Chiapas.
La reciente asistencia incluye una segunda prórroga de 30 días adicionales, otorgada para continuar con la identificación y evaluación de las necesidades de los desplazados. Esta medida busca proporcionar un marco temporal que permita ofrecer el apoyo necesario a quienes buscaron seguridad en Guatemala.
El equipo encargado de brindar este auxilio está integrado por la Unidad de Atención a la Niñez y Adolescencia, el Departamento de Reconocimiento de Estatuto de Refugiado (DRER) y la Unidad de Verificación de Campo.
Estas instancias, cada una con su función, colaboraron para garantizar que los derechos de las familias se respeten y que se les proporcione el apoyo adecuado en el proceso de regularización de su
situación.
Entre las entidades encargadas están el IGM, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Educación y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, de acuerdo con la
información. Además, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.
Esta intervención demuestra el compromiso de las autoridades de asistir a quienes han sido desplazados por la violencia.
Foto: PNC
En dos áreas montañosas de Las Cruces, Petén, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) descubrieron y erradicaron plantaciones de cannabis, informó hoy la Policía Nacional Civil (PNC) en sus redes sociales.
“Se localizaron 69 mil 416 matas de marihuana y estas fueron destruidas”, detalló la entidad encargada de la seguridad pública.
También indicó que el avalúo de la droga eliminada asciende a 26 millones 031 mil quetzales.
