En seguimiento a la ejecución de las medidas cautelares en favor de las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos, referentes al acceso de agua, hoy se realizó una reunión entre representantes comunitarios y de instituciones involucradas, con la coordinación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).
La garantía al recurso hídrico fue dictada en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como consecuencia de las actividades de la Mina Marlin en la región. La empresa operó durante 12 años y cesó en mayo de 2017.
La medida es una modificación a la emitida en 2010, que solicitaba la suspensión de las operaciones de la compañía y la descontaminación de las fuentes de agua, así como la atención a la salud de los vecinos.
Felipe Sánchez, director ejecutivo de Copredeh, recordó que son 18 proyectos de agua, en igual número de comunidades, los que se deben concretar: 11 por parte del Instituto de Fomento Municipal (Infom) y 7 a cargo de la empresa.
Como parte de la hoja de ruta se busca, asimismo, llevar a cabo una visita in situ para verificar el grado de avance de los proyectos. Todo el proceso debe ser en consenso con los comunitarios y sus representantes, como una de las instrucciones de la CIDH, indicó Sánchez.
“Se tiene la voluntad para darle viabilidad a los temas que manda la CIDH para proteger a las comunidades”, comentó Oswin Morales, gobernador de San Marcos, quien participó en la cita.
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