MUNDO
Brasil elige alcaldes
Brasil, la mayor democracia de América Latina, celebró ayer elecciones municipales de forma pacífica, salvo algunos incidentes aislados .
Casi 156 millones de brasileños fueron convocados para elegir a los alcaldes y concejales de 5 mil 569 ciudades del país, en unos comicios que constituyen un nuevo pulso entre el mandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente derechista Jair Bolsonaro.
El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, afirmó en una rueda de prensa que, salvo alguna rara excepción, las elecciones municipales transcurren con normalidad en este país de 213 millones de habitantes.
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, apoyado por Lula, se encaminaba ayer a la reelección. Con el 30 por ciento de votos contados, tenía un saldo favorable del 60 por ciento.
MUNDO
Piden mejorar las condiciones de la mujer
Formulan llamado para diseñar estrategias que eviten desenlaces fatales
Miles de integrantes de organizaciones civiles a favor de la vida realizaron ayer en la Ciudad de México, y otras ciudades del país, movilizaciones a favor de las mujeres y la vida, en especial de las embarazadas.
La marcha, inició alrededor del mediodía, avanzó del barrio de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe, en la capital mexicana, aunque también se celebró en ciudades del país como Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Colima, Morelia, Monterrey, Oaxaca y Puebla, entre otras.
Con globos color azul, rosa y blanco, además de pancartas y bailes, bajo el lema Unidos por México, los manifestantes pidieron a autoridades, comunicadores, educadores, empresarios y sociedad civil buscar soluciones reales para la mujer.
“Rechazamos el falso dilema de elegir entre la mujer o el hijo. Nosotros creemos en amar y proteger por igual a la mujer y a la vida de su hijo”, dijo durante la movilización Karen Ahued, vocera del movimiento A favor de la mujer y de la vida.
Previo a la manifestación, los representantes del movimiento leyeron un manifiesto y llamaron a formular estrategias para ayudar día a día a las mujeres, “sobre todo las embarazadas para que haya un camino de vida y evitar la muerte y la desesperanza”.
EFE
La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina tildó este sábado de “Judas” al sacerdote Rafael Ríos Gadea, quien dijo en la víspera que no existe persecución religiosa en Nicaragua y que «cuando se delinque, y se comete un delito, paga el que comete el delito, pero no es la Iglesia» Católica.
«El sacerdote Rafael Ríos debería de preguntarle a los más de 250 religiosos que han sido expulsados (por las autoridades nicaragüenses) o han tenido que huir, o que le pregunte a su superior si tienen autorización de regresar» al país, escribió en sus redes sociales Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’.
«¡Qué lamentable, pero en todo grupo existe un ‘Judas’! El padre Ríos parece que no se da cuenta que hasta su obispo (Carlos Hererra, de la Diócesis de Jinotega), vive asediado y vigilado» por la Policía y civiles afines al Gobierno sandinista, continuó Molina, abogada de profesión.
El sacerdote Ríos, que bautizó en junio pasado, en Managua, a un nieto del presidente y de la vicepresidenta de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente, «vive en una burbuja» o «es un trabajador de la dictadura» nicaragüense, consideró la investigadora.
Lo que dijo el sacerdote
El viernes, durante una sesión especial de la Asamblea Nacional (Parlamento) celebrada en el municipio La Concordia, provincia de Jinotega (norte), donde se rindió un homenaje al héroe nicaragüense general Benjamín Zeledón, el sacerdote dijo: «Quitémonos de la mente lo que muchos dicen, que en Nicaragua hay persecución religiosa».
«La persecución religiosa se da cuando es por odio a la fe y se persigue a todo aquel que es hijo de Dios. Cuando se delinque, y se comete un delito, paga el que comete el delito, pero no es la Iglesia», enfatizó el prelado.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de la provincia de Jinotega preguntó a través de sus redes sociales al sacerdote Ríos: «Entonces ¿por qué hay obispos desterrados, sacerdotes expulsados, órdenes de religiosas expulsadas de Nicaragua y bienes confiscados, laicos encarcelados solo por haberle trabajado a la iglesia Católica?».
«¿Qué delito cometieron las hermanas Calcutas para ser expulsadas y confiscadas? ¿Por qué encarcelaron y desterraron a monseñor Rolando Álvarez? ¿Por qué la Policía hostigaba y obligó al padre Eliar (Pineda) al exilio? ¿Por qué hay sacerdotes como el padre Asdrubal (Zeledón) en seminario por cárcel? ¿Por qué encarcelaron al padre Cristobal (Gadea) y al padre (Gustavo) Sandino y los desterraron a Roma?», inquirió esa alianza.
Relaciones diplomáticas están suspendidas
Un total de 245 religiosos han sido obligados al exilio o han sido expulsados de Nicaragua desde que estalló la crisis social y política en abril de 2018, según el estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’.
El pasado 26 de agosto, el presidente Ortega señaló al Vaticano de ser parte del «conglomerado del fascismo», y de ser un Estado «que está claramente a favor del imperio», en alusión a Estados Unidos, aunque no ofreció pruebas.
El mandatario sandinista también acusó a la Santa Sede de haber sido «cómplices de los nazis de Alemania y de los fascistas de España e Italia en el siglo pasado».
Esa crítica de Ortega al Vaticano ocurrió un día después de que el papa Francisco animara al «amado» pueblo de Nicaragua a renovar su «esperanza» en Jesucristo, en medio de las tensas relaciones con el Gobierno de Ortega y el encarcelamiento y expulsión de sacerdotes.
En agosto de 2023, Ortega ordenó la disolución en el país de la Compañía de Jesús, los jesuitas, orden a la que pertenece el propio papa Francisco, además de expropiar todo su patrimonio.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
EFE
El Gobierno de Estados Unidos no permitirá que las personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que llegaron al país con un programa conocido como ‘parole humanitario’ puedan extender el beneficio migratorio por más de dos años, informó a EFE una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Más de medio millón de personas de estas cuatro nacionalidades han entrado al país bajo el programa, que comenzó en octubre de 2022 para venezolanos y se extendió a las otras tres nacionalidades en febrero de 2023.
La decisión, anunciada a menos de un mes de las elecciones del 5 de noviembre, llega en medio de una lluvia de críticas a ese plan por parte de los republicanos y de su candidato a la Presidencia, Donald Trump, quien aseguró además que, de ser elegido, acabaría con el beneficio.
El ‘parole’, para el que se necesita tener un patrocinador en EE.UU., otorga a los beneficiarios un permiso para entrar y trabajar legalmente en el país por un periodo de dos años.
Al término de este plazo, las personas en este programa que no hayan aplicado a otro beneficio migratorio «deberán salir de EE.UU. antes de que venza el periodo autorizado (…) o serán colocadas en procedimientos de deportación», explicó la portavoz de DHS, Naree Ketudat.
El Gobierno de Joe Bien lanzó este programa como parte de su estrategia para frenar la migración hacia EE.UU., a la vez que comenzó a imponer restricciones al asilo en la frontera con México.
La administración también ha usado la figura del ‘parole’- contemplada en la ley de Nacionalidad e Inmigración – para permitir la entrada de personas de Afganistán y Ucrania. Sin embargo, a diferencia del programa para latinoamericanos, a estas otras dos nacionalidades sí se les permitió extender su estatus.
Unos 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos han entrado a EE.UU. bajo este programa, según los últimos datos proporcionados por el DHS.
¿Qué pasará con los migrantes cuándo se acaben los dos años?
El ‘parole’, argumentó un funcionario del DHS a EFE, es «temporal por naturaleza» y está pensado para que las personas puedan trabajar al mismo tiempo que les da la oportunidad «de buscar otras maneras de obtener beneficios migratorios u otros alivios migatorios, como el asilo o el TPS».
Los migrantes de Venezuela y Haití que hayan llegado al país con el ‘parole’ antes de julio de 2023 y junio de 2024, respectivamente, pueden aplicar a un TPS. Los cubanos pueden obtener una residencia temporal a través de la ley de ajuste cubano.
Para los nicaragüenses no existe ningún tipo de beneficio específico a su nacionalidad, por lo que deberían solicitar asilo u otro tipo de estatus migratorio.
Lo mismo sucede con los venezolanos que llegaron antes de que estuviera vigente para ellos el TPS, que según el Gobierno serían más de 50.000 personas.
Una cierta inestabilidad
Aunque coinciden con la lectura del Ejecutivo de que el programa estaba pensado para ser «temporal», expertos consultados por EFE describieron preocupaciones sobre las consecuencias que la decisión puede suponer para más de medio millón de migrantes con ‘parole’.
«Algunos podrían quedarse sin un estatus legal o perder la habilidad para trabajar mientras tanto», señaló a EFE Yael Schacher, directora para América de la organización Refugees International.
Muchos beneficiarios de este programa, añadió la experta, no han postulado todavía a otro tipo de alivio y ahora van a tener que apresurarse para solicitarlo.
El programa del ‘parole’, recordó Aaron Reichlin-Melnick, abogado experto en migración en el American Immigration Council, nació como parte de un acuerdo entre EE.UU. y México para expulsar a 30.000 migrantes de estas nacionalidades cada mes al lado mexicano de la frontera.
«EE.UU. creó este programa a petición de México. (…) Es la otra cara de la moneda de la imposición de la ley migratoria en la frontera», señaló el experto.
