Un total de 230 mil protectores de bosques fueron beneficiados con la captura de 4.8 millones de toneladas de dióxido de carbono que el país vendió al Banco Mundial por medio de un bono verde, lo cual fue calificado por la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), María Fernanda Rivera, como un hito.
Se pagaron Q175 millones 418 mil 645, lo cual financió a 1 mil 15 proyectos conformados por 230 mil guatemaltecos de forma directa e indirecta, quienes manejan, protegen, conservan y recuperan las áreas forestales.
Estos incluyen iniciativas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap), concesiones comunitarias, así como planteamientos de poblaciones, cooperativas, municipalidades y entidades privadas, enfocados en particular en la protección del bosque natural y el mantenimiento de la cobertura forestal.
De acuerdo con las autoridades, también ha propiciado la creación de más de 50 mil empleos hasta la fecha, con un potencial de crecimiento derivado de la inversión generada con este aporte.
El primer pago del Programa de Reducción de Emisiones (PRE) marca un hecho histórico para Guatemala, ya que de esta manera se convierte en el cuarto territorio en América Latina y del Caribe en acceder a un fondo por resultados de REDD+, que es el mecanismo internacional que permite que las naciones reciban incentivos por reducir la deforestación y la degradación de los bosques.
Rivera explicó que el Instituto Nacional de Bosques actuó como unidad ejecutora y ente rector, mientras que el MAGA, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas trabajaron de manera coordinada en el seguimiento y registro de los proyectos participantes.
La funcionaria destacó que el PRE posiciona a Guatemala como un país confiable en materia de financiamiento climático y contribuye a la gobernanza y al desarrollo sostenible.
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