La Secretaría de Bienestar Social (SBS) dio cumplimiento a la orden judicial emitida por Verónica Galicia, jueza de Ejecución Penal de menores de edad, la cual manda a la separación de adolescentes sancionados y quienes se encuentran con medida provisional de privación de libertad, informaron hoy las autoridades de la entidad citada.
Francisco Molina, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, detalló que, de tal cuenta, se trasladaron 169 menores de edad del Centro Juvenil de Privación de Libertad (Gaviotas) al Centro Juvenil de Detención Provisional (Etapa), además de haberse reubicado a 69, de Etapa a Gaviotas.
También se concretó la separación de los mayores de edad de los adolescentes que aún no tienen 18 años.
La juzgadora explicó que “el adolescente sancionado es quien ya cumple un castigo impuesto por los órganos jurisdiccionales correspondientes”, mientras que “los provisionales son quienes están en la etapa de investigación por parte del Ministerio Público”.
Inversión y perfiles
Tras la conferencia en la que se anunció esta medida de la SBS, Molina explicó que en los cuatro centros que administran hay recluidos 748 jóvenes, 528 menores de edad y 220 mayores de 18 años, quienes deben cumplir con la sanción impuesta, por lo cual se ha invertido en estos recintos no menos de Q14 millones en remodelaciones.
En relación con los infantes que supuestamente integran pandillas juveniles, el funcionario puntualizó que la Secretaría implementó una herramienta para perfilar a los menores de edad, no por el delito cometido, sino por su perfil: “Hemos identificado que de cada 10 adolescentes en conflicto con la ley penal, 2 son catalogados de alto riesgo, mientras que 4 son de mediano, y 4 restantes, de bajo riesgo. Los datos reflejan que el 80 por ciento de los menores en los centros buscan su reinserción social”.
