Los guatemaltecos lo tienen claro y las autoridades también: la corrupción se ha tornado en un monstruo de mil cabezas, que no solo ha penetrado el Estado, sino que se ha enquistado y convive a placer en la mayoría de instituciones que reciben fondos públicos.
La saciedad de los indecentes para enriquecerse no tuvo límites, así como tampoco su imaginación para crear mecanismos que les permitieran robar a manos llenas, con la complicidad de aquellos que optaron por mantener un empleo, aunque ello implicara perder los principios. Lo cierto es que se vea por donde se vea, el despojo del dinero del Estado aparece, existe, aunque la magnitud del acto estriba en la posición del malhechor de turno.
A estas alturas, pareciera que ya no hay nada que inventar en materia de pobredumbre, que ya todo está hecho, organizado y aceitado. Por eso, son plausibles los esfuerzos que emprende el Gobierno para combatir este flagelo y dignificar la función pública.
La más reciente acción sobre el particular la comunicaron ayer la presidenta en funciones, Karin Herrera, y el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, quienes informaron el impulso de un censo de recursos humanos que permitirá, entre otros objetivos, identificar las plazas fantasma que abundan en las dependencias.
Las limitaciones legales impiden que este inventario de inmoralidades se centre en el Organismo Ejecutivo, cuando se sabe que dichos abusos existen, de manera cínica o solapada, en el Congreso, tribunales, municipalidades y entes descentralizados y autónomos.
Es, en verdad, un engendro que se ha fortalecido gracias a la impunidad que le garantizan las instituciones llamadas a combatirlo y derrotarlo. Pero insistimos, los compatriotas y el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera lo saben: la desvergüenza prevalecerá mientras se le permita y estimule.
