La rendición de cuentas y la transparencia son dos ejes transversales en las políticas públicas, pues esto permite explicar a la población acerca de las acciones y decisiones que toma el Gobierno, y faculta el libre acceso a la información para dar lugar al escrutinio y el análisis, así como el señalamiento que puedan hacer los gobernados.
Para la actual administración, la claridad en las acciones es un compromiso, aunado a la lucha contra la corrupción, pues es una de las grandes demandas de los guatemaltecos manifestadas de voz viva en las conglomeraciones populares que se registraron el año pasado en la Plaza de la Constitución.
Con el fin de contribuir a tener una ciudadanía orientada y participativa, por medio del Decreto 57-2008 el Organismo Legislativo dio lugar a la Ley de Acceso a la Información Pública, que la describe como una norma que facilita el libre acceso a la información, la transparencia y habeas data, por medio de procedimientos expeditos y gratuitos, lo cual significó un paso en la lucha contra la opacidad institucional.
En este sentido, el Segundo Plan Nacional de Gobierno Abierto 2014-2016 fue evaluado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y en los 18 compromisos en materia de transparencia que contiene, se registran avances en las metas establecidas a corto y mediano plazo.
Entre los logros se habla de la transparencia de las exenciones fiscales, gracias a los mecanismos de divulgación promovidos por las nuevas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria mediante un portal web, dato que antes no era accesible de manera inmediata.
En el estudio también se reconoce que algunos de los objetivos de ese Plan requieren de tiempo para ser evaluados, pues es necesario observar la acumulación de información pertinente para conocer detalles de acciones como recaudación fiscal, ejecución presupuestaria y priorización del gasto.
Se espera que con la contribución de la sociedad civil se tenga en poco tiempo el Tercer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018, en el que se establecerán otras metas qué cumplir para mostrar completa transparencia en la gestión de Gobierno.
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